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El ministro de Economía, Luis de Guindos, probablemente tendrá que abstenerse de resolver el expediente disciplinario abierto a 49 ex consejeros y directivos de Casa Mediterráneo (CAM) para evitar incurrir en incompatibilidad. El Banco de España ha dejado en manos de De Guindos la resolución del recurso en el que el presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés, pide que se anule el expediente disciplinario por defectos de forma.

Un año antes de asumir la cartera de Economía, Luis de Guindos fue nombrado consejero independiente del Banco Mare Nostrum (BMN), el grupo financiero resultante de la fusión entre Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y la caja de ahorros de Baleares Sa Nostra. Además del cargo de consejero, De Guindos se convirtió también en miembro de la comisión ejecutiva y la comisión de auditoría de BMN. Finalmente, dimitió de estas responsabilidades el pasado mes de diciembre para incorporarse al Gobierno de Rajoy.

Durante 2010, Caja Mediterráneo mantuvo negociaciones muy avanzadas para integrarse en una fusión con Caja Murcia. Esta era, de hecho, la opción que defendió con más firmeza un amplio sector político y social de Alicante.

Los presidentes de CAM y Caja Murcia, Modesto Crespo y Carlos Egea llegaron a entrevistarse varias veces en Madrid con el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para sacar adelante el acuerdo, sobre un protocolo consensuado por ambas entidades.

Las fuentes consultadas señalaron que finalmente la fusión —basada en razones de proximidad geográfica y complementariedad— no fue posible por discrepancias sobre el reparto de cargos y sobre el peso que debía tener cada una de las dos cajas en la entidad financiera resultante.

Al no prosperar las negociaciones, Caja Mediterráneo firmó un Sistema Integral de Protección (SIP) junto a Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura que acabaría saltando por los aires en marzo de 2011.

Incidente de nulidad

Entonces, el equipo directivo encabezado por Crespo y María Dolores Amorós inició una nueva aproximación para incorporarse a BMN, el banco creado por Caja Murcia junto con otras tres entidades. En aquel momento, el hoy ministro de Economía ya era consejero y miembro de la comisión ejecutiva de BMN. Mientas su balance seguía deteriorándose a un ritmo cada vez más acelerado, CAM también entabló contactos con Ibercaja y con el fondo de inversión norteamericano JC Flowers. El fracaso de todas estas negociaciones abocó finalmente al Banco de España a intervenir Caja Mediterráneo el pasado mes de julio.

Tras ser consejero de BMN, De Guindos tiene ahora sobre la mesa el incidente de nulidad que el presidente de la comisión de control de CAM ha planteado contra el expediente disciplinario abierto a consejeros y directivos de la caja. Los servicios jurídicos del Ministerio de Economía deberán valorar si De Guindos está obligado a abstenerse en la resolución del recurso: las negociaciones que la CAM mantuvo para fusionarse primero con Caja Murcia, y para incorporarse luego a BMN —de cuyo consejo ejecutivo era miembro el actual ministro—, podrían ser motivo de incompatibilidad legal.

En su recurso, Avilés sostiene que el procedimiento sancionador abierto por el Banco de España es nulo de pleno derecho, por considerar que vulnera la Ley 26/1988 de Disciplina de Intervención de las Entidades de Crédito. Según el artículo 21 de esta norma, el Banco de España sólo puede tramitar un expediente sancionador común a los directivos de entidades financieras que hayan cometido «una misma infracción».

En este caso, el Banco de España ha abierto un único expediente a 49 altos cargos de Caja Mediterráneo sin tener en cuenta que los miembros de la comisión de control no tienen poder ejecutivo, sino únicamente de supervisión de las decisiones que adopta el consejo de administración. Por tanto, argumenta el escrito presentado por Juan Ramón Avilés, los miembros de la comisión de control no pueden haber incurrido en las mismas infracciones que los consejeros, por lo que se les debería haber abierto un expediente sancionador independiente.

Como ha informado ABC, Avilés ha presentado una querella contra los dos responsables del servicio de Inspección del Banco de España que firmaron el expediente disciplinario, Ángel Rico y Pedro González, por presunta falsificación documental. El juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha admitido a trámite la querella y ha citado a Rico y González a declarar como imputados, el próximo 20 de junio.

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