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El clamor ciudadano exigiendo la revisión de las indemnizaciones millonarias cobradas por directivos de cajas de ahorros rescatadas empieza a tener sus frutos, aunque todavía verdes y pequeños
M. M. Mendieta - Madrid - 13/06/2012 - 07:00
. El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, una proposición no de ley de Convergencia i Unió en la que se insta al Gobierno a revisar las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje de los que se deriven beneficios discrecionales para aquellos directivos de entidades financieras que hayan recibido ayudas del Estado.
Aunque la totalidad de los diputados que intervinieron en el Pleno del Congreso se mostró favorable al espíritu de la medida, algunos grupos, como Amaiur o Izquierda Unida condicionaron su respaldo definitivo a que la propuesta fuera incorporada en la tramitación del último real decreto de reforma financiera, del 11 de mayo, "para que la iniciativa no se quede en agua de borrajas".
Otro de los puntos de fricción respecto a la iniciativa provino de la posibilidad de que se aplicase un carácter retroactivo. Ante la demanda de varios grupos, se aceptó una revisión de la propuesta para que cubriera también "aquellas indemnizaciones devengadas pero no cobradas". Para UPyD, esta extensión es insuficiente, por lo que votó en contra de la proposición. Su portavoz, Álvaro Anchuelo, aseguró que "debería irse más lejos y congelar cautelarmente el cobro de todo tipo de indemnizaciones en cajas que han recibido por ayudas, a la espera de que la justicia actúe".
Fuentes parlamentarias del PP descartaron que la iniciativa pudiera llegar a tener un carácter retroactivo. "Lo que ha sido ya entregado, de acuerdo con todas las leyes vigentes, no puede ser revisado ahora", explicaba diputado.
La proposición no de ley pide "revisar la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones y percibidas o demandadas por los administradores o cargos directivos".
Desde el PSOE, el exministro Jesús Caldera se sumó a la propuesta de CiU también defendió que esta propuesta revise las indemnizaciones ya recibidas y pidió que se realicen cambios normativos para conseguir alinear las remuneraciones percibidas por los directivos de entidades financieras con los resultados a medio y largo plazo de las mismas.
Algunos diputados recordaron que entre un pequeño grupo de directivos de cajas que han tenido que ser rescatadas (citaron a José María Méndez -de Caixa Galicia-, Julio Gayoso -Caixanova-, Ricard Pagès -Caixa Penedès-, Roberto López Abad -Caja Mediterráneo-, entre otros) han cobrado en conjunto más de 120 millones. El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, se encuentra pendiente del cobro de una indemnización de 1,2 millones. Otros aún en activo, como Aurelio Izquierdo, director financiero de Bancaja, tiene una pensión de 14 millones.
Comparecencia del Gobierno
En la sesión de control al Gobierno de mañana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Economía, Hacienda y Sanidad explicarán ante el pleno del Congreso, las consecuencias del rescate aprobado por el Eurogrupo para ayudar a la banca.
En las seis preguntas que realizará el PSOE ha incluido la palabra rescate, aunque el Gobierno rechaza denominar así a lo que considera una línea de crédito de apoyo a la banca española.
''Caso Bankia''
El coordinador general de IU, Cayo Lara, reclamó ayer la creación de una comisión parlamentaria en el Congreso para investigar el caso Bankia. Además, la plataforma ciudadana Avaaz ha reunido más de 135.000 firmas apoyando esta iniciativa.
Denuncia a la excúpula de Banco de Valencia
El FROB ha denunciado a la cúpula del Banco de Valencia ante la Audiencia Nacional por la existencia de indicios de delito cuya gravedad exige su "inmediata actuación", según informaron a Europa Press fuentes judiciales. En el escrito remitido al juzgado de instrucción número 3 de Valencia y firmado por el FROB con fecha 5 de junio, el organismo informa de que sus administradores detectaron posibles delitos que deben ser conocidos por la Audiencia "por su naturaleza y número de posibles afectados, condición de cotizada del Banco de Valencia y repercusión en la economía nacional". Ante la existencia de estos indicios, las personas designadas por el FROB para ejercer las funciones que le corresponden como administrador provisional de Banco de Valencia solicitaron una investigación independiente que culminó en un informe pericial que refleja actuaciones que podrían ser constitutivas de delito.
Esta acción legal se une a la acción social de responsabilidad que la junta aprobó que se ejerza contra el expresidente de la entidad y de Bancaja, José Luis Olivas; el exconsejero delegado Domingo Parra; Antonio Tirado (Valenciana de Inversiones Mobiliarias) y Aurelio Izquierdo, exconsejero delegado y expresidente
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