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A. C./M. A. R. / VALENCIA/ALICANTE

Día 17/08/2012

Los cinco exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) imputados en la causa abierta por el Juzgado Central de Instrucción número 3 por presunta estafa han recurrido ya la fianza conjunta y solidaria de 25,8 millones de euros que les impuso el juez Javier Gómez Bermúdez, según confirmaron ayer a ABC fuentes de la Audiencia Nacional.

El último en presentar su recurso ha sido el expresidente de la antigua caja de ahorros alicantina Modesto Crespo. Con anterioridad lo habían hecho los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, así como el exdirector de Recursos Vicente Soriano Terol y el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb. Todos ellos están imputados por presunta estafa, apropiación indebida y falsedad en las cuentas, entre otros delitos.

No obstante, la interposición de estos recursos, que deberán ser resueltos por el magistrado, no exime a los cinco exdirectivos de depositar la fianza conjunta de 25,8 millones de euros, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación del auto dictado por Gómez Bermúdez el pasado 26 de julio. El juez impuso la fianza -que deberán depositar entre los cinco, respondiendo si es preciso con su patrimonio- a petición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para que los imputados cubran de forma cautelar las pérdidas ocasionadas a la CAM por su gestión.

Cuotapartícipes afectados

Esta cifra incluye la prima que los exdirectivos cobraron indebidamente -estaba vinculada a unos beneficios de la caja que luego se han revelado irreales- y la cantidad pagada de más a la aseguradora Caser para garantizarse las indemnizaciones por prejubilación.

No obstante, el abogado que ejerce la acusación particular, Diego de Ramón, ha solicitado al juez que una parte de esta cantidad -12 millones- se destine a cubrir las pérdidas de sus representados, más de medio millar de inversores que compraron cuotas participativas de la CAM y que ahora han perdido sus ahorros.

La elevada fianza impuesta por el juez supone que cada uno de los cinco imputados tendrá que depositar más de 5 millones de euros ante la justicia para responder de su posible responsabilidad penal.

Algo que, en principio, no debería suponer un excesivo problema para el exdirector general Roberto López Abad, quien cobró de la CAM una indemnización de 5,5 millones de euros por prejubilarse el 29 de junio de 2011, un mes antes de que la caja tuviera que ser intervenida por el Banco de España.

Por su parte, Vicente Soriano se prejubiló el 1 de marzo de 2011 y cobró 1,7 millones de euros de indemnización. María Dolores Amorós fue despedida por los administradores del FROB tras la intervención. Acudió a la justicia para reclamar una indemnización de 10 millones, pero la juez desestimó sus pretensiones y, además, anuló su pensión vitalicia

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