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Avilés obtuvo 2,1 millones de las líneas de financiación estatales y 1,8 millones del Gobierno
D. NAVARRO/ M. GALLEGO ALICANTE
Los administradores de la CAM designados por el Frob aseguran que la entidad otorgó al presidente de la comisión de control de la caja, Juan Ramón Avilés, diversos préstamos con cargo a las líneas de financiación que ofrece el ICO y otro del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) «sin una mínima comprobación de su viabilidad y garantías». Además, también denuncian que dos de las tres sociedades que recibieron estos préstamos ni siquiera «cumplían con las condiciones de solvencia necesarias para la concesión» de los mismos y que ésta sólo se justifica por la «presión» que habría ejercido Avilés valiéndose de su cargo.
Así lo afirman los actuales responsables de la caja de ahorros en la querella que acaba de admitir a trámite la Audiencia Nacional y por la que el empresario murciano tendrá que acudir a declarar la próxima semana en calidad de imputado por los supuestos delitos de apropiación indebida y administración desleal. Según el informe de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) en que se basa la querella, Juan Ramón Avilés percibió 300.000 euros en dietas irregulares de una de las filiales de la entidad y utilizó su influencia para conseguir un total de 17 millones de euros en créditos en condiciones ventajosas.
En el caso concreto de los préstamos procedentes de líneas de financiación públicas, las sociedades vinculadas a Avilés obtuvieron en 2009 tres créditos ICO–Liquidez por valor de 500.000 euros cada uno y otro del plan ICO–Renove Turismo de 660.000 euros, lo que suma un total de 2,16 millones de euros. Un año después consiguió otro préstamos del ICREF por 1,86 millones.
Empresas vinculadas
Según el escrito redactado por el abogado Carlos Gómez-Jara en representación de la CAM, durante la tramitación de las operaciones con el ICO «no existieron en ningún momento los elementos habituales para la organización de un préstamo».
Al cierre del informe de PwC, en mayo de este año, los créditos del ICO presentaban impagos por valor de 1,5 millones. Además, añade, «tanto la sociedad Roig Coll como la Residencial Sucina „dos de las tres empresas vinculadas al presidente de la comisión de control y su familia que se beneficiaron de los préstamos„ no cumplían con las condiciones de solvencia necesarias para la concesión».
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