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Alicante, Mercedes GALLEGO

Si el ex presidente de la Comisión de Control de la CAM, Juan Ramón Avilés, consiguió que la caja de ahorros le concediera préstamos por 17 millones de euros en unas condiciones más que ventajosas, según afirma el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la querella presentada contra él, el magistrado que investiga estas presuntas irregularidades quiere saber quién o quiénes dentro de la entidad autorizaron estos créditos y con qué argumentos se justificaron las operaciones.

Esta es una de las diligencias que, a instancias del fiscal anticorrupción, ha solicitado el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, quien instruye este asunto en el que Avilés está imputado por los delitos de apropiación indebida y administración desleal. El empresario y abogado murciano ya declaró en septiembre por estos hechos y aseguró a preguntas de su hijo, quien le lleva la defensa (la única parte junto al fiscal a las que contestó) que todas sus operaciones con la caja eran legales, que no presionó para obtener mejores condiciones, que no se sirvió para ello de su cargo como presidente de la Comisión de Control y que lo que se está haciendo, se quejó, era «criminalizar relaciones comerciales».

El juez aún no ha respondido a su recurso contra su imputación ni a su posterior petición de archivo. El magistrado ha solicitado además al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y al Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) los expedientes completos de todos los créditos concedidos a Avilés por estos organismos: tres de ICO-Liquidez por valor de 500.000 euros cada uno, otro del plan ICO-Renove Turismo de 660.000 euros y 1,86 millones del ICREF, lo que suma un total de casi cuatro millones de euros de dinero público que, según la querella, se concedieron sin verificar ni su viabilidad ni sus garantías. De hecho, según mantuvieron las acusaciones durante la comparecencia de Avilés ante el juez, el empresario llegó a utilizar estos fondos, pensados para dotar de liquidez de sus empresas, en pagar el abono a Canal+ y una matrícula en la Universidad Católica de Murcia.

En el entorno del imputado restaron importancia a estos pagos porque, según explicaron, «lo importante de estos créditos era que se devolviera el dinero porque no eran créditos que tuvieran una finalidad concreta». El informe de PwC que ha servido de base de a la querella afirma que el crédito de ICO-Renove se empleó para financiar la actividad promotora de las sociedades de Avilés cuando su objeto era la compra de equipamientos fijos para el turismo. El juez también ha solicitado un informe al Banco de España para no tener como única base el elaborado por PwC a instancias del FROB y estaría indagando si se habría podido cometer un fraude de subvención.

Los dos últimos directores generales de la CAM, Roberto López y María Dolores Amorós, han coincidido en plantear al juez lo que el fiscal califica como una «recusación encubierta» de los peritos del Banco de España. Lo hicieron después de que el magistrado acordara que inspectores de este organismo vuelvan a auditar determinados apartados de las cuentas de la caja.

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