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ADAYA ASENJO | MADRID.

El ingreso en prisión el pasado jueves del ex director general de CAM Roberto López Abad es fiel símbolo de la trayectoria seguida por la entidad, que expandió hasta convertirla en la cuarta caja de ahorros de España y que terminó intervenida y adjudicada por un euro al Banco Sabadell.

El alicantino López Abad (Alcoy, 1956) entró en CAM el 1 de enero de 1972, con solo quince años, y fue ascendiendo hasta convertirse en 2001 en su director general, puesto desde el que impulsó la expansión de la entidad, que, partiendo de su «territorio natural» de Alicante y Murcia, aseguraba en 2010 estar ya presente en todas las provincias españolas con 1.060 oficinas.

La cifra de sucursales da idea de la carrera emprendida por CAM al calor del crédito fácil y de la burbuja inmobiliaria para comerle terreno a su principal competidora en el Levante, Bancaja, y situarse en el olimpo de las cajas de ahorros españolas, por detrás de La Caixa, Caja Madrid y la valenciana. Uno de los hitos de esa estrategia -que nadie osó imitar- fue el ser la primera caja en salir a bolsa mediante la emisión de cuotas participativas -títulos similares a las acciones, pero sin derechos políticos- que, tras la intervención de la entidad, dejaron atrapados los ahorros de miles de clientes y empleados de CAM.

Cuando la caja comenzó a cotizar, el 23 de julio de 2008, la crisis ya asomaba en el horizonte mundial, pero López Abad aún soñaba a lo grande y, dos años después, abandonó su puesto de director general de la CAM con la intención de convertirse en el máximo responsable del grupo que su entidad iba a crear con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.

El proyecto se frustró en parte por su ambición de liderarlo pese a que los balances de CAM ya mostraban el daño producido por sus inversiones en el sector inmobiliario, hasta el punto de que sus socios renunciaron en marzo de 2011 a seguir adelante, al conocer que el Banco de España obligaba a la caja a reclasificar créditos por valor de 5.000 millones.

Roto el sueño de convertirse en uno de los grandes banqueros de España, el alicantino se reincorporó entonces a CAM, pero solo para prejubilarse el 29 de junio siguiente -con 55 años y una indemnización de 5,6 millones de euros-, solo un mes antes de que la entidad fuera intervenida. Salieron entonces a la luz los frutos de la gestión de López Abad: en lo que supuso el mayor rescate del sector financiero español hasta la fecha -luego superado por el de Bankia-, el Fondo de Garantía de Depósitos tuvo que inyectar 5.249 millones en la entidad para terminar adjudicándola al Sabadell por un euro.

El epílogo lo puso, solo dos meses después de la intervención, el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez: «Estamos hablando de la CAM, que es lo peor de lo peor», dijo.

Negro horizonte

López Abad no ha podido disfrutar de su retiro dorado: en noviembre de 2011 la Audiencia Nacional admitió una querella contra él y otros directivos de la entidad por delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida, y el 19 de julio de 2012 le declaró como imputado ante el juez Javier Gómez Bermúdez, que le retiró el pasaporte. Hoy, el ex director general de CAM tiene embargados parte de sus bienes y debe hacer frente, junto a otros exdirectivos de la caja, a una fianza solidaria de 27 millones.

El cada vez más negro horizonte judicial de López Abad llevó a Gómez Bermúdez a sospechar que el exbanquero podía intentar huir a Curaçao -en las Antillas Holandesas, un país «sin convenio de extradición con España»-, donde estaba domiciliada la sociedad a la que, según el magistrado, desvió 247 millones de euros. Como consecuencia, el pasado miércoles ordenó su detención y un día después acordó su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 1,5 millones, convirtiéndose así en el segundo banquero encarcelado por la caída de las cajas, tras el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

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