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Caja Mediterráneo (CAM) hace de nuevo historia. Después de ser conocida por unos sueldos e indemnizaciones que escandalizaron a la sociedad, el Banco de España ha abierto expediente disciplinario a unos 50 exdirigentes de la entidad
Intervenida el pasado 22 de julio tras fracasar su fusión fría con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Es el expediente disciplinario más numeroso de los incoados hasta el momento por el supervisor a las cajas intervenidas (Caja Castilla La Mancha y Cajasur). El expediente afecta a la cúpula directiva de la CAM, así como a varios consejos de administración (órgano formado por 20 miembros) y, por primera vez, también a la comisión de control (10 miembros).
El supervisor realiza cinco acusaciones, tipificadas la mayoría de ellas como muy graves: deficiencia en el control del riesgo, prácticas contables para alterar la realidad patrimonial, incumplimiento sobre las autorizaciones administrativas en relación con las retribuciones, encubrimiento de la morosidad e incumplimiento de los requerimientos del Banco de España sobre el coeficiente de solvencia exigible a la caja. Las acusaciones contra los dirigentes de Cajasur eran, hasta ahora los más graves, pero estos han superado lo conocido. No hay que olvidar que la CAM ha tenido unas pérdidas de 2.713 millones en 2011 frente a los 244 millones de beneficios declarados en 2010. Las sanciones llegan cuando faltan unas semanas para que el Sabadell se haga con el control de la CAM.
Los exdirigentes afectados por la medida disciplinaria están recibiendo durante estos días la comunicación del Banco de España y en algún caso ayer todavía desconocían el contenido de las responsabilidades sobre las irregularidades que se les atribuyen. Fuentes del antiguo consejo de la CAM aseguraban que estaban esperando la apertura de este expediente que se ha demorado más tiempo del que preveían. En el caso de CCM el supervisor apenas tardó un mes entre la intervención y la apertura del expediente a sus consejeros.
Tras la propuesta de sanción, los afectados tienen un plazo de 20 días para presentar sus alegaciones. Pero la comunicación del Banco de España está ampliamente detallada en 75 páginas (tiene también una versión reducida), prueba de la gravedad de las acusaciones. Este hecho, unido a lo detallado de la comunicación, lleva a fuentes del mercado a considerar que hay pocas posibilidades de que prosperen las alegaciones.
El Banco de España adopta esta medida disciplinaria seis meses después de intervenir la caja de ahorros, el 22 de julio del año pasado, para garantizar la solvencia de la entidad. Cuatro meses antes había fracasado la fusión fría proyectada con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. La CAM no logró reorientar su rumbo. Su gran exposición al ladrillo y la fuerte injerencia política del PP en las decisiones de la caja terminaron por hacer encallar a la que fue cuarta caja de ahorros española por tamaño.
El Banco de España adopta esta medida disciplinaria seis meses después de intervenir la caja de ahorros para garantizar la solvencia de la entidad
La entrada del Banco de España llegó de la mano de una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 2.800 millones de euros, así como de una línea de liquidez por otros 3.000 millones, para que la fuga de depósitos que estaba produciendo no estrangulara la entidad. El Fondo de Garantía de Depósitos ha puesto 5.245 millones en la CAM como exigencia del Sabadell, entidad que espera encontrar créditos morosos por 17.000 millones.
Tras asumir el FROB las riendas de la entidad no tardó ni un día en destituir al consejo. También dieron al entonces presidente de la entidad, Modesto Crespo, tres horas para recoger su despacho y le prohibieron entrar de nuevo en la sede. No pudieron hacer lo mismo con el resto de la cúpula directiva. Este grupo, encabezado por Roberto López, exdirector general de la entidad, aprovechó un ERE para rescindir su contrato con prejubilaciones estimadas en 12,8 millones. López dimitió ayer como presidente del Patronato del Misterio de Elche para centrarse en su defensa. La directora general, María Dolores Amorós, gozaba de un sueldo de 600.000 euros al año y de una pensión vitalicia de 370.000 euros. Y Crespo se garantizó 300.000 euros a través de una filial de la caja.
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