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Santiago Navarro / Rosa Biot Alicante 19 FEB 2012 - 23:58 CET María Dolores Amorós, el pasado verano en Alicante. / JOAQUÍN DE HARO María Dolores Amorós (Alicante, 1962) coronó dos décadas de carrera profesional en Caja de Mediterráneo (CAM) en febrero de 2011 con su ascenso a la dirección general de la entidad. Un año y un puñado de días después, la banquera se enfrentará el próximo día 24 a la CAM en el juicio de su demanda laboral por su despido fulminante, entre otras cuestiones, por falsear la contabilidad de la caja mediante artificios financieros y adjudicarse una pensión vitalicia de 369.497 euros a espaldas de los órganos de control.

Amorós fue durante casi diez años la mano derecha de Roberto López Abad y llegó a la Dirección General de la CAM el 16 de febrero de 2011. Faltaba un mes para que la fusión fría con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura saltara por los aires hundiendo a la caja alicantina en un pozo del que salió merced a la intervención del Banco de España, el pasado 22 de julio.

El 18 de enero de 2011 Amorós fue nombrada consejera del Banco Base (ahora Banco CAM), cargo del que fue destituida provisionalmente el 22 de julio. Menos de un mes más tarde, concretamente el 10 de agosto, los nuevos administradores de la caja (tres interventores del Banco de España) la apartaron de la dirección y el 27 de septiembre la despidieron “mediante carta de despido disciplinario”. En su despido, el supervisor argumenta la presentación de resultados “que no se corresponden con la realidad”, “deficiente gestión” y una “actuación en materia de previsión social complementaria en beneficio propio”. La resolución de su demanda laboral será clave para su devenir en otros procesos judiciales. La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de oficio tras su despido y, ahora, estudia si las imputaciones que vierte sobre ella el Banco de España en su expediente disciplinario son o no constitutivas de delito. Y, en paralelo, el titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional también instruye una denuncia contra ella por supuesto delito de falsedad y societario.

El Banco de España la acusó

de falsear balances y ocultar una pensión vitalicia

Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que Amorós es uno de los 49 cargos de la caja a los que afecta el expediente disciplinario del Banco de España, pero también la que más posibilidades tiene de verse inmersa en un proceso penal. Amorós formaba parte del ADN de la CAM.

Como en tantos otros casos, esta hija de empleado de la caja entró a trabajar en la entidad. Es diplomada en empresariales por la Universidad de Alicante y posteriormente se licenció en Economía por la UNED. Su ascenso fue rápido. Desde 1998 tenía funciones ejecutivas en la caja. Conocida por su perfil técnico, la eterna número dos no dudó en asegurar su futuro económico. Amorós se adjudicó un sueldo de 593.040 euros y una pensión vitalicia de 369.497 euros al año. Ocultó su contrato y la pensión a la comisión de retribuciones y al consejo de administración. Amorós asumió las riendas de la CAM en un año que la entidad terminó arrojando pérdidas de 2.713 millones de euros, según los administradores provisionales de la entidad.

La ejecutiva “se limitó

a mantener la maquinaria

heredada por Abad”

La exdirectora de la CAM es el alto cargo de la entidad más mediático desde que el Banco de España intervino la caja y apartó a sus rectores para poner fin a una década de despilfarro y arriesgada gestión. Amorós culminó su etapa en la CAM sin apenas hacer ruido. Ella mantuvo esta línea de discreción en su breve pero decisivo paso por la dirección general. “Se limitó a mantener la maquinaria heredada de López Abad. Una dirigente que desarrolló su papel de manera funcionarial, sin iniciativas propias”, señalan fuentes de la CAM.

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