Un grupo de jubilados juegan al dominó. ÓSCAR CHAMORRO

La futura reforma de las pensiones va tomando forma. Acuciado por Bruselas, que le exige cambios en el sistema para ejecutar los fondos europeos, el Gobierno tiene ya un borrador interno sobre el que está trabajando y que, entre las medidas que recoge, está la de ampliar de 25 a 35 años el periodo de tiempo para calcular la pensión inicial de quienes se jubilan -tal y como adelantó este periódico la semana pasada-, una opción que rechazan de plano Unidas Podemos y los sindicatos.

Ampliar el periodo de cálculo de la pensión conlleva -en términos generales- un recorte en la futura prestación. Y así lo reconoce el Gobierno en dicho documento, en el que incluso estima cuál sería el impacto sobre la nómina de los futuros jubilados si se pasa a calcular la pensión con los últimos 35 años de cotización: supondrá una rebaja media del 5,45%, según confirmaron a este diario fuentes gubernamentales. Este porcentaje está en la línea con el cálculo que hacen los sindicatos, por lo que se oponen rotundamente a que se ponga en marcha. Significa esto una merma de algo más de 55 euros de media al mes.

«Es inaceptable que se estén realizando estudios de este tipo al margen de la mesa», denunciaron desde UGT, que confían en que en la reunión de diálogo social que mantendrán mañana con el Gobierno sobre este asunto les ofrezcan algún tipo de explicación al respecto.

Descartar los peores años

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, evitó ayer entrar en polémica y contestó con un «depende» a la pregunta de si le gustaba esta propuesta ideada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Abogó por «explorar todas las alternativas», ya que «si queremos mantener el poder adquisitivo, tenemos que asegurar que hay un equilibrio entre ingresos y gastos». Sin embargo, sí apuntó que «la tendencia a ampliar años está ahí», ya que «responde a los cambios que se están produciendo en nuestras propias vidas laborales, cada vez más variadas, con personas que pasan años sin cotizar o cambian de trabajo».

Una opción que se baraja desde el Ejecutivo y que podría ayudar a disminuir este recorte es que esta ampliación del periodo de cálculo recoja a su vez la posibilidad de descartar algunos años, que serían aquellos en los que se haya cotizado menos.

Posibilidad de elección

Así lo avanzó Calviño, que apuntó que Escrivá está trabajando ya con los agentes sociales en «eliminar los años más perjudiciales». Además, el propio ministro se ha mostrado en varias ocasiones partidario de que el cómputo se haga con toda la vida laboral, pero que también se puedan escoger los mejores años para que así se no penalice a las personas que han tenido lagunas por estar en el paro. El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, intentó matizar sobre ello que el Gobierno «no está barajando medidas que supongan un recorte de las pensiones», que el núcleo de la reforma es garantizar el poder adquisitivo y que cualquier medida pasará por el diálogo social.

Otra medida que podría ver antes la luz sería la nueva fórmula de revalorización de las pensiones, que pretenden aprobar en las primeras semanas del año. La Seguridad Social ha trasladado a los agentes sociales que ya tienen listo el nuevo sistema de cálculo de cuánto subirán cada año las prestaciones, que se basará en un índice deflactor que utilizará datos del IPC del pasado y también del futuro.

No será una estimación del IPC del año próximo -como este ejercicio-, ni la media de los últimos 12 meses, sino que se hará con una franja de tiempo mayor, que puede abarcar varios años, según confirmaron a este diario fuentes de la negociación.

Con esta fórmula lo que podría perseguir el Ejecutivo es compensar las ganancias de poder adquisitivo que pueda haber en un ejercicio con las pérdidas que pudiera darse en otro, a fin de que el gasto no se dispare más.

euros al mes es el recorte que sufrirían de media los pensionistas si se amplía a 35 años el periodo de cálculo.

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