La Justicia Europea ha fallado en numerosas ocasiones contra la banca española. El próximo capítulo será el IRPH.
El Banco Sabadell ha hecho cuentas de lo que pueden costarle las reclamaciones por las cláusulas suelo. Los últimos cálculos dicen que la factura total llegará a los 505 millones de euros, una cifra sensiblemente superior a los últimos datos proporcionados hace algo más de un año. Entonces estimaban un impacto de unos 270 millones de euros.
Según explica la entidad en el folleto del Programa de Pagarés 2019, esos 505 millones de euros sería “la máxima contingencia”. Es decir, el escenario de máximos si llegaran “la totalidad de las potenciales reclamaciones” que pudieran plantearse al amparo del decreto aprobado en 2017 y que permite buscar una solución extrajudicial en torno a este tema.
En estos momentos el Sabadell tiene provisionados 110 millones de euros, que es la cantidad que ve “posible” como devolución de las cantidades percibidas por la aplicación de cláusulas suelo. Se trata de un mecanismo incorporado en los contratos hipotecarios que limitaba -en caso de caída del euribor- el mínimo que tendrían que pagar los clientes.
Tanto el consejero delegado del Sabadell, Jaime Guardiola, como el presidente, Josep Oliu, han sido firmes defensores de la legalidad sus cláusulas. De hecho, la entidad catalana fue una de las últimas en hacer provisiones por el impacto que pudieran tener estas reclamaciones en sus cuentas. Aun así, la entidad optó por negociar con la mayor parte de los clientes que reclamaron, y pleitear con aquellos que prefirieron no sentarse a la mesa o pasar a una hipoteca a tipo fijo.
El papel del TJUE
Son miles las demandas que hay todavía en los juzgados por la devolución de las cláusulas suelo. Se mantienen pese al decreto aprobado en 2017 por el Gobierno y que permitía un acuerdo amistoso con los bancos. Son sólo un caso más de los muchos que hay en estos momentos en los juzgados contra los bancos.
Hace sólo unas semanas, la abogada del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), María José García-Valdecasas, reconocía que casi la mitad de las cuestiones prejudiciales que han llegado al Tribunal proceden de España. ¿El objetivo? Conocer de qué manera debe aplicarse la legislación española según lo establecido en la directiva comunitaria del año 2013 y por la que se deben regir todas las legislaciones nacionales.
La actividad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido prolífica respecto a nuestro país. De hecho, declaró abusivas las cláusulas suelo, pero también las de vencimiento anticipado o las de los intereses de demora. También se está pendiente que falle acerca del IRPH, un indicador alternativo al euribor y que podría tener un impacto de hasta 70.000 millones de euros para los bancos españoles.
Precisamente sobre este tema, el del IRPH, está previsto que se pronuncie un abogado general de la Unión Europea el próximo 24 de junio. Hasta entonces la banca contiene la respiración. |
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