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Los interventores del Banco de España que han asumido la dirección de Caja Mediterráneo (CAM) desde el pasado día 23 han vetado la entrada a la sede del hasta entonces presidente del Consejo de Administración de la entidad, el empresario de automoción Modesto Crespo. Fuentes de la caja aseguran que los nuevos gestores del ya Banco CAM dieron un plazo de tres horas al exmandatario para que "recogiera" su despacho, en la planta noble de la sede principal de la CAM. "Y mientras Modesto despejaba su despacho, un empleado de la entidad, también por orden de los interventores, retiraba su coche del aparcamiento de la sede la entidad", aseguran esas fuentes.

Exconsejeros consultados por este periódico expresaron "perplejidad" por el monto de créditos que se concedieron otros miembros del consejo, encabezados por Crespo. "Es cierto que la mayoría tenía préstamos, pero de cantidades razonables y a tipos de interés del 4,5%. Tampoco sabíamos nada de los sueldos de Crespo por asistencias a consejos de sociedades de la CAM que no se celebraban", señaló un exconsejero.

Desde su llegada a Alicante, los interventores del Banco de España, comandados por José Antonio Iturriaga, han interrogado a los 20 miembros del extinto Consejo de la CAM. En sus entrevistas, los exconsejeros han abundado en la "escasa información" que el consejo facilitaba de sus operaciones. "Por ejemplo, de la compra del Banco Marroquí de Comercio Exterior por 132 millones nos enteramos por la prensa", señaló uno de ellos.

Otro apartado en el que han incidido los interventores en sus entrevistas a exconsejeros es cómo avalaba la CAM las operaciones vinculadas al sector inmobiliario en pleno boom del sector de la construcción. "En algunos casos, se daban préstamos con un simple solar cuyo precio, por ejemplo, era de dos millones. Y la respuesta del consejo era que en dos años ese mismo solar valdría 10 millones", explicó este exconsejero.

Mientras, y ajenos a la inminente realidad que se avecinaba, el Gobierno valenciano y la CAM acordaron la compra por parte de la caja de 200 millones de euros que lanzó como deuda en forma de pagarés de la Generalitat el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) tres días antes de la intervención.

La operación se formalizó el pasado día 20, según publicó ayer el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV). La emisión de esos pagarés se autorizó a un plazo de tres meses y a un interés del 4,75%. El importe que tendrá que abonar el Ejecutivo valenciano a la caja por la operación es de 202.777,78 euros.

Dos días antes de materializar la operación, la CAM celebró un consejo de administración en el que, oficialmente, no se dio cuenta de esa emisión de pagarés. Con posterioridad, la caja celebró otras dos reuniones de su consejo sin que tampoco se informara de la última. Ello revela la escasa participación del consejo en la estrategia financiera de la entidad.

El control que ha ejercido el Gobierno valenciano con sus cajas (Bancaja y CAM) se refleja en los créditos de sendas entidades al Ejecutivo regional, que entre 2004 y 2010 ascendió a 2.304 millones (1.654, la entidad valenciana y el resto la de Alicante). Pero las cifras se dispararon sobre la media en los años preelectorales, es decir, 2006 y 2010. En 2006, Bancaja inyectó a la Generalitat valenciana 1.080 millones por 62, en 2005; y en 2010, 335 por 170, en 2009. La estadística de la CAM presenta unos vaivenes similares: 181 millones en 2006, por 81 en 2005; y 280, en 2010 por 44 el año anterior.

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