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El sindicato Alta quiere que se investiguen otros hechos presuntamente delictivos en la CAM tras conocerse la pasada semana que el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alicante había admitido a trámite una querella criminal por delitos societarios, falsedad y estafa contra exdirectivos de Caja Mediterráneo; Esta central pide ahora que se investigue igualmente a los responsables del FROB que controlaron la entidad tras la intervención del 22 de julio
ALFREDO FERNÁNDEZ Alicante / 19 de diciembre de 2011
La querella la interpuso el sindicato Alta: "en función del compromiso que asumimos de exigir responsabilidades a quienes han conducido a la CAM a la ruinosa situación en la que se encuentra y para defender los derechos de trabajadores y clientes de la CAM, principales perjudicados por la intervención."
Todo se remonta al pasado mes de julio, cuando el FROB desembarcó en la CAM tras la intervención. Entonces, esta central comenzó a investigar y descubrió una serie de irregularidades y, en agosto, exigió a los administradores del FROB que depuraran responsabilidades.
"Ante nuestras denuncias, obtuvimos la callada por respuesta, y el 6 de octubre interpusimos la querella. En estos momentos, seguimos investigando otros hechos presuntamente delictivos. Los responsables del FROB no nos están facilitado ningún tipo de información; algo que, por otra parte, resulta lógico, porque no sólo queremos investigar a los directivos de la Caja, sino también la actuación del propio Banco de España", señala esta central sindical.
Alta presentó una querella contra un ex alto directivo de Caja Mediterráneo (CAM) por, supuestamente, acogerse ilegalmente al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y cobrar una cantidad estimada en 1,5 millones de euros. Según la querella criminal, con fecha del pasado 6 de octubre, ALTA afirma que en la inclusión del ex director general de Inversiones Inmobiliarias de CAM Daniel Gil en el ERE de la entidad alicantina se podrían haber cometido los delitos de estafa, societario y de falsedad documental.
La querella va dirigida tanto contra Gil como contra las personas físicas o jurídicas que hayan podido ser cómplices.
Se da la circunstancia de que Gil está imputado por el juez de la rama del caso Brugal, que investiga las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
La querella expone que en 2010 CAM diseñó un ERE que afectó a un total de 2.200 empleados, entre cuyo listado de nombres no figuraba el querellado Gil, quien además no tenía derecho a acogerse a la citada prejubilación por sus condiciones laborales especiales dentro de CAM.
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