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Más de una treintena de miembros de los últimos consejos de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tendrán que desfilar en las próximas semanas por la Audiencia Nacional para explicar al magistrado Javier Gómez Bermúdez las condiciones en que este órgano de control autorizó los préstamos concedidos al expresidente de la Comisión de Control de la caja, Juan Ramón Avilés.
La decisión del juez de interrogar a los hoy exconsejeros aparece en una providencia notificada ayer a las partes personadas en la causa abierta contra Avilés tras la querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal. El magistrado precisa que las citaciones se realizan en calidad de testigos pero advierte a los citados que acudan acompañados de abogado para garantizar su derecho de defensa en el supuesto de que, tras la comparecencia, cambiara su situación procesal, es decir, que pudieran entrar como testigos y salir como imputados.
Las comparecencias han sido fijadas para los días 19 y 20 de marzo y 2 y 3 de abril a razón de unas 8 ó 9 declaraciones por día hasta completar la treintena larga de testimonios con los que el magistrado pretende aclarar si el expresidente de la Comisión de Control tuvo o no un trato de favor por parte de la entidad de ahorro en razón al cargo que ostentaba. El propio Bermúdez afirma en el auto en el que desestimó el recurso de reforma interpuesto por Avilés contra su imputación que "aparece indiciariamente acreditado que la posición que el señor Avilés ocupaba en el CAM condicionó la toma de decisiones respecto a la concesión de los créditos" que obtuvo.
Según consta en la querella del FROB, además de los 17 millones, sociedades vinculadas a él recibieron otros cuatro millones en préstamos a través del ICO.
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