Sindicato Alta - 31/10/2026 Última hora
Unicaja y Sabadell siguen los pasos del Banco Santander y están acelerando el cierre de oficinas. La entidad malagueña ha llevado a cabo la clausura de un 10,7% de su red en lo que llevamos de año, mientras que el catalán en casi un 7%, según los datos recabados por THE OBJECTIVE.
Otros bancos mantienen por ahora prácticamente estable el número de puntos físicos y de atención al público. Caixabank apenas ha reducido el volumen en 17, mientras que BBVA lo ha hecho en solo cinco desde el pasado diciembre. Como ya informó este periódico, el Santander cerró unas 200 sucursales en España el año pasado y, en el segundo trimestre de 2026, unas 150 adicionales. En total, el 20% de todas las que tenía repartidas por el territorio nacional.
Unicaja ha liquidado 102 desde enero, principalmente a partir del mes de marzo, cuando puso en marcha un proceso de ajuste. El Sabadell, por su parte, unas 78. Hasta el momento, estas dos entidades se habían mantenido inmóviles en este terreno, especialmente el banco catalán, que hasta el otoño del ejercicio pasado estuvo centrado en hacer fracasar la oferta pública de adquisición (opa) que lanzó en la primavera de 2024 el BBVA con carácter hostil.
Las cajas rurales aprovechan el cierre de los bancos
os bancos, con estos movimientos, dan otra vuelta de tuerca a su red ante el auge de la digitalización. Un hecho que contrasta claramente con la decisión de las cajas rurales de ir ocupando plazas vacantes que dejan los principales grupos financieros. Estas han abierto algo más de mil desde 2015 y copan ya el 25% de todas las que hay abiertas en nuestro país.
Tanto el Santander como Unicaja han venido compensando el menor número de oficinas con colaboradores externos para atender a sus clientes. La entidad cántabra dispone de unos 1.200 agentes financieros que operan principalmente en el mundo rural, mientras que la andaluza, unos 400.
Clausuras en plena especulación sobre una fusión
El ajuste del Sabadell y Unicaja coincide con la vuelta de los rumores de un nuevo intento del primero de iniciar conversaciones para explorar una fusión, una operación que le gustaría abordar para ganar tamaño tras desprenderse de la filial británica TSB al Santander. Esta venta fue clave para ganar en la opa del BBVA y mantenerse independiente.
El consejero delegado del Sabadell, Marc Armengol, no quiso aclarar hace unos días si el banco se ha acercado otra vez a Unicaja para llevar a cabo una transacción corporativa y apuntó que se centra en el crecimiento a través del negocio. Además, en su caso particular, el cierre se produce también en el tiempo con la incorporación a su accionariado del francés BPCE, que ha adquirido un 7% del capital y podría alcanzar próximamente el 10%.
Sobre la compra del banco francés, Armengol indicó que el Sabadell no teme que este lance una opa sobre la totalidad para llevar a cabo una fusión transfronteriza, algo que distintos expertos no descartan a medio plazo. El BCE está presionando para que este tipo de concentración bancaria se produzca, pero las entidades no están dispuestas por la falta de una regulación única para toda la zona euro.
Impacto en la plantilla
El cierre de oficinas ha supuesto una merma en la plantilla del Sabadell, que inició a principios de año un proceso de salidas voluntarias. El número de empleados del banco catalán en España ha bajado en unas 361 personas como consecuencia de este plan, hasta 12.256. Las clausuras, en cambio, no han supuesto una disminución del personal en Unicaja. El grupo malagueño ha incrementado en 137 el volumen de trabajadores, hasta los 7.281.
Todas las entidades, no solo estas dos, están centradas en mejorar su control de costes para elevar la eficiencia operativa con el fin de aumentar la rentabilidad. La intención de todos es ir rebajando hasta el entorno del 30%, es decir, gastar 30 euros para conseguir 100 euros de ingresos. En este contexto se enmarca el plan de bajas voluntarias del Sabadell, al igual que el programa similar pactado por el Santander con los sindicatos. En este caso, el proyecto podría afectar a unos 2.000 trabajadores, aunque la entidad cántabra no ha ofrecido datos concretos sobre el número de empleados que podrían acogerse