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LEVANTE-EMV VALENCIA

 La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que preside la exdiputada del PP Elvira Rodríguez, ministra de Medio Ambiente en el Gobierno de José María Aznar, ultima la apertura de un expediente contra todos los integrantes de los últimos consejos de administración de la extinta Caja del Mediterráneo (CAM) por hacer dejación de sus funciones mientras estuvieron en el cargo. 
El expediente consideraría falta muy grave esta dejación de funciones y tendría como base las declaraciones efectuadas por los consejeros ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez por la causa que se sigue contra el expresidente de la comisión de control de la entidad, Juan Ramón Avilés; declaraciones en las que todos coincidieron en que desconocían las operaciones que el consejo aprobaba porque llegaban preparadas por los directivos y no se informaba detalladamente de ellas. 
La apertura de este proceso ha generado un intenso debate en el seno de la CNMV, ya que el caso judicialmente no está cerrado, lo que podría obligar a paralizar su tramitación hasta que haya sentencia firme, tal y como ya ha ocurrido con el expediente que también abrió el Banco de España contra medio centenar de exaltos cargos de la caja. Sin embargo, la institución se inclina por proceder ya a expedientar a los consejeros, según fuentes cercanas a la misma. 
En el caso de hallarlos finalmente responsables, la sanciones pueden ser muy importantes. La Ley del Mercado de Valores prevé en su artículo 102 que las infracciones muy graves sean castigadas con multas de al menos 600.000 euros y también con la inhabilitación durante un periodo de hasta diez años para ocupar un cargo de administración o dirección en entidades financieras o de inversión. En el expediente del Banco de España las sanciones propuestas también alcanzaban los 500.000 euros.

Comparecencias ante el juez
En total, fueron 29 los exmiembros del consejo de administración de la CAM que, distribuidos en cuatro jornadas (los días 19 y 20 de marzo y 2 y 3 de abril) comparecieron en la Audiencia Nacional dentro de la investigación que pretende aclarar si el expresidente de la comisión de control de la caja recibió trato de favor en la concesión de unos 20 millones de euros en préstamos y en el pago de dietas supuestamente irregulares que multiplicaban por veinte la cantidad que en realidad tenía que haber cobrado.
Con la única salvedad del empresario Aniceto Benito, a cuyo testimonio renunció el juez en atención a su delicado estado de salud, el resto de los exconsejeros no sólo coincidieron en presentarse ante su señoría en calidad de testigos (aunque con la indicación expresa de que lo hicieran acompañados de abogado por si cambiaba su situación procesal, lo que no ocurrió en ningún caso) sino también en sus declaraciones: todos ellos aseguraron que los créditos que la entidad de ahorros concedía a sus altos cargos llegaban al consejo cribados por una veintena de directivos y que los miembros del consejo les daban el plácet sin saber lo que estaban aprobando ya que ni tan siquiera aparecía el nombre de la persona a la que se le daba sino la sociedad para la que se solicitaba.
Aseguraron que la información que se les ofrecía durante las reuniones del consejo era escueta y rápida y que prácticamente se limitaba a unos pantallazos ya que no se facilitaban documentos para evitar filtraciones a los medios de estas operaciones. A pesar de que, según precisaron, la información sobre los temas que llegaban al consejo podía consultarse desde 48 horas antes a la reuniones, admitieron que rara vez se hacía, unas afirmaciones en las que coincidieron los cinco exdirectivos citados también como testigos en este proceso y contra los que el juez tampoco adoptó medida alguna.
A raíz de estos testimonios, el letrado Diego de Ramón, quien representa a más de medio millar de perjudicados por la compra de preferentes y cuotas participativas, solicitó a Gómez Bermúdez la ampliación de la querella contra Avilés a los exconsejeros por dejación de funciones al considerar que incumplieron con su deber de control. Un planteamiento que el magistrado ha rechazado "por no aparecer indicios en este momento de una intervención dolosa", según recoge un auto que De Ramón ha recurrido en apelación ante la Audiencia. Este mismo argumento de la dejación de funciones es el que esgrime ahora la Comisión Nacional del Mercado de Valores para iniciar su proceso sancionador.

Otros expedientes
Además del expediente del Banco de España antes citado, la propia Comisión del Mercado de Valores ya había abierto al menos otros dos procedimientos por la mala gestión de la CAM. El primero se dirige contra la exdirectora general de la entidad, María Dolores Amorós, y trascendió en junio del año pasado. El segundo, aprobado en octubre, incluye otra vez a Amorós, a su antecesor en el cargo, Roberto López, y a seis exmiembros de la comisión de retribuciones de la CAM: Antonio Gil-Terrón, Luis Esteban, Martín Sevilla, José Forner, José Enrique Garrigós y el expresidente de la caja, Modesto Crespo. 
En este caso se les acusa de haber falseado los Informes de Gobierno Corporativo de la entidad por no haber detallado en los mismos las prejubilaciones millonarias y las pensiones vitalicias que se pusieron los exdirectivos.

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