Un informe de los peritos del Banco de España cuantifica para el juez Bermúdez el «perjuicio» de las retribuciones
R.A.
Un informe pericial remitido por el Banco de España al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez certifica que la cúpula directiva de la CAM se embolsó 18 millones de euros entre 2005 y 2011, aunque el grueso de estos ingresos se produjo a partir de 2009, cuando los últimos directivos de la caja supuestamente maquillaron la contabilidad con balances que reflejaban beneficios cuando, en realidad, registraba cuantiosas pérdidas por morosidad en los créditos fundamentalmente.
Este segundo informe enviado al juez Gómez Bermúdez, que investiga las posibles irregularidades en la CAM, incluye una información detallada del «perjuicio por conceptos retributivos» que pudo causar a la CAM este reparto de unas ganancias que no existían.
Según los peritos, se produjeron diferentes factores, como el «exceso de coste» de las prejubilaciones de directivos, que en 2011 supuso 5,7 millones de euros, y de la «pensión adicional de jubilación del comité de dirección», otros 5,4 millones en el mismo ejercicio. Se recogen las dietas de consejeros y miembros de la comisión de control en filiales del grupo CAM, 6,1 millones repartidos en todo el periodo auditado, incentivos anuales (2,2 millones) en 2010 y el denominado «bono extraordinario a largo plazo» del comité de dirección, 1,3 millones percibidos en 2008 y 2009.
Los peritos calculan que el volumen de retribuciones dudosas por su perjuicio para la entidad sería de unos 47,3 millones de euros, aunque los dos capítulos más abultados son las «aportaciones variables a pensiones» y la «paga de beneficios», que sumaron 13,8 y 12,6 millones, respectivamente, entre 2009 y 2011, pero que beneficiaron a toda la plantilla, no únicamente a sus directivos.
Prestación «adicional»
La decisión de la cúpula de la CAM de otorgarse una «prestación adicional para la jubilación de los miembros del comité de dirección» con una póliza contratada con Caser provocó «la necesidad de llevar a cabo un rescate muy significativo en marzo de 2011, para adecuar los importes asegurados a las condiciones aprobadas». Apenas tres meses después fue intervenida por el FROB, y «ese rescate supuso, como consecuencia de las condiciones de tipos de interés, la materialización de unas pérdidas por riesgo de mercado», se menciona en el citado informe del Banco de España incorporado ahora a la causa. Los peritos estiman que esta operación supuso un coste de 5,4 millones de euros.
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