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«Los compromisos de pagar comisiones a los sindicatos no están reflejados en ningún documento», explicaron las fuentes consultadas por este periódico; Son acuerdos verbales entre los sindicatos y la Consejería de Empleo, que incluye esas comisiones en los gastos de gestión de los ERE. Los sindicatos reciben el dinero a través de empresas participadas por ellos, que emiten facturas por asesorar para tramitar los ERE.

La Junta de Andalucía ya paga a un broker o mediador –las mismas fuentes señalan que está en torno a otro 1%– por realizar los cálculos necesarios y buscar la mejor oferta entre las aseguradoras. Fuentes próximas a la investigación de la trama de los ERE han señalado que, en la práctica, los sindicatos «cobran por facilitar a los brokers los datos de los trabajadores» para que puedan calcular las pólizas.

Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda y Administración Pública, ha dicho en el Parlamento andaluz que no consta ningún «pago directo» de la Junta a los brokers o mediadores que intervinieron en los ERE.

De ese modo, ciñéndose estrictamente a la contabilidad del Gobierno andaluz, la consejera elude entrar en el fondo del asunto: la Junta ingresa el dinero en las cuentas de las compañías aseguradoras con las que se contratan las pólizas y éstas son las que le pagan a los mediadores. Finalmente, estos brokers ingresan las comisiones a los sindicatos.

Los mediadores no realizan pagos directamente a CCOO y UGT sino a sus propias agencias de corretaje de seguros. CCOO tiene la correduría Atlantis Asesores SA, empresa participada al 100% por el sindicato; la de UGT suele ser Asesoramiento en Seguros y Previsión Atlantis SA, participada en un 20%. Este último sindicato también trabaja con Temiqui SA, participada al 100% por el sindicato y dedicada a «estudios de mercado».

Las fuentes consultadas por este periódico han indicado que estas empresas no realizan ningún trabajo real en la gestión de los ERE. «Esto se ha hecho así desde tiempo inmemorial, ya existía en los años 90», ha afirmado un colaborador habitual de la Junta.

Esas fuentes aseguran que, si no existiera la comisión para los sindicatos, sería «muy difícil» que los ERE se cerraran con acuerdos entre empresas y trabajadores. En otras palabras, «es el precio de la paz social», dicen, pero explican que sólo CCOO y UGT las cobran, con el argumento de que «los otros sindicatos se niegan a firmar los ERE. Si CGT y USO no quieren firmar, pues no son necesarios». USO fue la central sindical que destapó el presunto fraude en el ERE de la Base de Morón, en el que se incluyó a 31 intrusos con la anuencia de los sindicatos mayoritarios y de la autoridad laboral.

Entre los falsos prejubilados en empresas que han percibido pensiones con cargo a la Junta de Andalucía hay un grupo de sindicalistas de UGT, algunos de ellos trabajadores de esta central sindical. De hecho, la Policía Judicial considera que la «persona clave» de la trama de los ERE es un exsindicalista jienense, Juan Lanzas, que fue secretario de Organización de UGT de Jaén y secretario general de la Federación de  Alimentación, Bebidas y Tabaco de UGT-Andalucía entre 1997 y 2002. A partir de ese momento, según la investigación, se dedicó a la intermediación en ERE, cobrando, presuntamente, comisiones en forma de pólizas y por informes de asesoría.

EL MUNDO ha pedido su versión a CCOO y UGT, pero estos sindicatos han preferido no opinar sobre el cobro de comisiones.

Percibirán 2,4 millones por la empresa Delphi

A. SALVADOR / S. TORRES / Sevilla

Los sindicatos UGT y CCOO cobrarán al menos 1,2 millones de euros cada uno por participar en la negociación del plan social con el que la Junta de Andalucía ha tratado de  minimizar el impacto del cierre de la factoría Delphi, en Puerto Real (Cádiz), una de las crisis laborales más costosas para el presupuesto público de los últimos años.

Fuentes de toda solvencia han explicado a EL MUNDO que estos dos sindicatos pactaron verbalmente con la Consejería de Empleo el cobro del 1% por ciento sobre el volumen total de las prejubilaciones. Fueron excluidos de forma intencionada los otros dos sindicatos con representación en esa multinacional, CGT y USO. El montante total de la póliza del seguro oscilará finalmente entre 120 y 130 millones de euros, con lo que los dos sindicatos mayoritarios –que fueron escasamente críticos ante los reiterados incumplimientos de la Junta sobre los planes de reindustrialización de la Bahía de Cádiz– percibirían entre 1,2 y 1,3 millones cada uno en cuatro años.

El método para cobrar es el siguiente: la compañía aseguradora con la que se formalizó la póliza de seguro de rentas –un pool formado por La Caixa y Generali, en el caso de Delphi– paga a la empresa mediadora y, a continuación, ésta abona la comisión pactada con cada sindicato. En ningún documento se recoje ese compromiso.

La comisión del 1% no es la más frecuente. En la mayor parte de los ERE financiados por la Junta se ha pagado el 0,5%, que perciben las federaciones estatales de UGT y CCOO y no las de Andalucía. El dinero que se paga a los sindicatos se justifica como honorarios por asesoramiento, pero fuentes del sector insinuaron que, en la práctica, es una vía encubierta de financiar a esos sindicatos y una manera de resarcirse por los gastos para asistir a reuniones y fletar autobuses para manifestaciones.

En julio de 2007, meses antes de las elecciones autonómicas y generales de 2008, el Gobierno central y la Junta asumieron diversos compromisos con los trabajadores de Delphi, tras el cierre de la factoría y sonoras movilizaciones.

Entre otros acuerdos, la Junta se comprometió a atraer empresas para absorber a los trabajadores afectados por el cierre y a buscar una salida a los que, por su edad, tenían más difícil la reinserción laboral. Casi cuatro años después, aún queda un tercio de la plantilla pendiente de recolocación.

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