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El Estado ya tiene casi todo listo para entrar en varias cajas de ahorros. Caja Mediterráneo (CAM), Novacaixagalicia y Catalunya Caixa tienen prácticamente garantizada su nacionalización parcial; mientras que Unnim intenta evitarla uniéndose a un grupo privado, y el matrimonio de Caja España-Duero con Unicaja está en el aire.

Esto significa que, al menos, entre tres y cinco entidades van a terminar en manos públicas y, por tanto, el Estado se sentará en sus respectivos consejos de administración, en representación del capital que termine adquiriendo.
Para asumir esa responsabilidad, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) encargó hace un año a la firma de cazatalentos Seeliger&Conde la búsqueda de profesionales del sector financiero.

El encargo está muy avanzado y, según fuentes conocedoras de este trabajo, el objetivo del FROB es fichar a tres profesionales para cada una de las entidades donde el Estado termine siendo accionista, independientemente del capital que controle.

El control accionarial se lo garantizará con derechos de voto, que pueden ser superiores al número de representantes que tenga en el máximo órgano de administración, ya que irán en proporción al capital que termine adquiriendo el Estado. Se prevé que el Estado termine desembolsando, al menos, 7.000 millones de euros, ya que esta cifra prácticamente se alcanzará con la entrada en CAM, Catalunya Caixa y Novacaixagalicia.

Ni independientes, ni mujeres

El objetivo del Gobierno es que estos consejeros se dediquen en exclusiva a gestionar la caja, lo que supondrá tener su propio despacho en cada una de las entidades y acudir ahí todos los días, como si de un directivo de la entidad se tratara.

Este perfil rompe con el tradicional de los consejeros dominicales, que son aquellos que están en las cúpulas de las compañías en representación de un accionista de referencia, como va a ser ahora el Estado.

Estos profesionales apenas se reúnen una vez al mes para analizar las grandes líneas estratégicas, pero dejan la gestión del día a día en manos de los ejecutivos. En cambio, el perfil de consejero exigido por el FROB es más propio de un directivo que de un miembro del máximo órgano de administración.

Toda una declaración de intenciones sobre el papel protagonista que quiere tener. De hecho, la búsqueda de Seeliger&Conde se centra en profesionales con amplia experiencia dentro del sector financiero, un mundo que conoce a la perfección el cazatalentos responsable de este trabajo, Goyo Villalabeitia, un histórico del BBVA.

La falta de mujeres con amplia experiencia en primera línea del mundo de las finanzas es, precisamente, el argumento que está esgrimiendo el FROB para justificar la escasez de las potenciales candidatas a representar sus intereses como consejeras.

Un discurso que, además de ir contra las normas de buen gobierno, contrasta con la política defendida por el actual Ejecutivo, quien además de haber aplicado las cuotas en la composición del Consejo de Ministros, emplazó a las empresas a reservar a féminas el 40% de los sillones de sus máximos órganos de administración o terminaría imponiéndolo por el ley.

Al final, ni las compañías han dado ese peso a las mujeres, ni el Gobierno les ha castigado por desobedecer... ni el propio Estado se ha aplicado su receta, al estar dispuesto a no incluir ninguna fémina entre los representantes del FROB.

Éste no es único punto que chirría. También llama la atención que el Estado descarte fichar consejeros independientes, como recomiendan los cánones de buen gobierno, y únicamente prevé darles entrada si, finalmente, vende su participación en bolsa.

En ese momento, sí abriría la puerta a estos administradores, ya que representarían a los accionistas minoritarios. Pero, mientras estén defendiendo el dinero público, ninguno será independiente y deberán trabajar como un alto directivo.

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