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Los interventores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han suspendido este miércoles de empleo -aunque no de sueldo- a la Directora General de Caja Mediterráneo, María Dolores Amorós, que desempeñaba el cargo desde el 10 de diciembre de 2010, cuando fue ratificada por la asamblea general de la CAM para sustituir a Roberto López Abad. De momento, no se ha nombrado un sustituto que lleve a cabo su labor, así que por ahora, esa función la realizarán los los tres administradores del FROB, José Antonio Iturriaga, Tomás González Peña y Benicio Herranz Hermosa.

Por otra parte, con respecto a los empleados de la entidad, Esquerra Unida de Alicante presentará en el próximo pleno municipal una moción de apoyo a los trabajadores de Caja del Mediterráneo (CAM) en la que reclamará que se respeten los derechos de los cientos de trabajadores afectados por el plan de ajuste para sanear la caja.

En un comunicado, la concejal de la coalición Ángeles Cáceres ha denunciado la "nefasta" y "sospechosa" gestión del PP que, en su opinión, ha llevado a la caja a esta situación. También ha señalado que su partido defiende el carácter público de la caja y la labor que representa la Obra Social, por lo que defiende su mantenimiento.

En esto, coincide con la diputada y compañera de partido, Esther López Barceló, que ha aplaudido la decisión de los interventores del FROB de suspender de empleo a la directora general de la CAM y ha recordado que Esquerra Unida considera que además de responsabilidades políticas también podrían haber responsabilidades penales. López Barceló ha criticado el plan de ajuste diseñado y ha pedido que “no acabe privatizándose ya que se ha intervenido con fondos públicos”. Para la diputada de EUPV, “se debería convertir en un banca pública en manos de la comunidad autónoma o del Estado”. “Hace falta un instrumento financiero público”, ha añadido la dirigente de izquierdas.

Asimismo, para la dirigente de EUPV “los y las alicantinas todavía estamos a tiempo de salvar nuestra caja”. López Barceló ha alertado contra “una posible subasta una vez ha sido intervenida” y ha señalado que “hace falta un instrumento financiero público”. Por eso ha exigido que “la CAM se quede en manos de la comunidad autónoma o del Estado”.

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