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La subasta entre entidades para hacerse con Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se culminará a finales de octubre, según informaron fuentes financieras, lo que retrasa los plazos que los administradores del Banco de España explicaron a todos los delegados sindicales del comité de empresa que reunieron a finales de julio en una reunión de la que dio cuenta este periódico. Inicialmente, se dio de plaza para sacar a la CAM a subasta el mes de septiembre, plazo que se dio el Gobierno para completar la reestructuración de las Cajas antes de disolver las Cortes en octubre y convocar las elecciones generales, previstas para el 20 de noviembre.

Pero no se llegará a los comicios con el sistema financiero totalmente saneado, precisamente por la Caja alicantina. Las mismas fuentes destacaron que el nuevo calendario previsto inicialmente para la adjudicación de la CAM , que «no será troceada» en este proceso, contempla que sea «subastada» a finales de octubre o, «a lo más tardar», la primera semana de noviembre, dentro de un proceso «complicado» que incluye el final de la auditoría que ultima KPMG, la difusión del cuaderno de venta realizado por Merill Lynch y la valoración por parte del FROB de las ofertas que se presenten para designar la más idónea.

Más de media docena de entidades -entre ellas los dos principales bancos españoles y alguna «gran caja»- se han interesado por sus activos, los procedimientos concursales abiertos por deudores de la caja y la deuda real de la CAM -datos que serán incluidos en la auditoría que está ultimando KPMG-, así como la valoración de la entidad financiera realizada por bancos de inversión seleccionados.

No obstante, la CAM no se adjudicará a la entidad que más dinero ofrezca por ella, sino a la que menos fondos públicos y avales pida por quedarse con sus activos. En medios financieros se da por descontado que el FROB utilizará con la caja alicantina el mismo procedimiento de «subasta inversa» que usó con la cordobesa Cajasur.

El 22 de julio, el supervisor decidió intervenir la CAM para capitalizarla con 2.800 millones de euros, que aportaría el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y que también administra la caja de ahorros alicantina tras la sustitución de su consejo de administración.

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