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D NAVARRO ALICANTE
No se conforman con denunciarlos ante la Fiscalía Anticorrupción, los sindicatos de la CAM también quieren que los nuevos administradores de la entidad aparten de sus puestos y sancionen a los directivos beneficiarios de rentas vitalicias que aún siguen en activo en la caja. Así se lo han hecho saber en un escrito en el que también reclaman que se anule el ascenso que la anterior directora general de la CAM, María Dolores Amorós, concedió a su hermana en abril del año pasado, a los pocos días de la ruptura de la fusión con Cajastur.
Tal y como ayer avanzó este diario, la Plataforma de Unidad Sindical de la CAM -que agrupa a Sicam, UGT, CC OO, Csica, Alta y el sindicato Vietnamita- prepara una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por la póliza de seguros que contrató la anterior cúpula de la entidad para garantizarse unas pensiones vitalicias equivalente al 60% de su salario, una prestación que en algunos casos podría superar los 370.000 euros anuales. Según estas organizaciones, la contratación de dicha póliza se realizó sin el consentimiento ni el conocimiento del consejo de administración o la comisión de control de la caja.
Aunque una buena parte de los beneficiarios ya no forma parte de la plantilla de la CAM -por haberse acogido al proceso de prejubilaciones o, en el caso de Amorós, por haber sido despedida-, al menos media docena de estos directivos sigue ocupando puestos de responsabilidad. Para los sindicatos se trata de algo "inconcebible" ya que, como recuerdan, precisamente la adjudicación de una de estas rentas fue uno de los motivos con los que se justificó la marcha de la exjefa de la caja.
Entre los ejecutivos en esta situación estarían el exsecretario general de la entidad y ahora responsable del área Financiera, José Pina; el anterior director general de Inversiones y Riesgos, ahora dedicado a la gestión de activos, Francisco Martínez; o el exdirector general de Planificación y Control, ahora encargado de Auditoría Interna, Teófilo Sogorb. También siguen en la cúpula de la CAM Bernardo Chuliá (exdirector territorial de Valencia y actual encargado de Medios); el todavía máximo ejecutivo de la delegación de Murcia, Ildefonso Riquelme; o el de la territorial Norte-Centro-Sur, Pedro Torres.
Todos ellos formaban parte del comité de dirección y por tanto estaban cubiertos por la póliza que les garantizaba una jubilación dorada. Los nuevos gestores de la CAM rechazaron ayer aclarar si tomarán algún tipo de medidas contra estos directivos -por otra parte, ratificados en sus actuales cargos en agosto- ni tampoco si se ha anulado el citado seguro o si este sigue vigente.
En el mismo escrito, los sindicatos también exigen que se anulen los nombramientos realizados por la "alta dirección" de la caja a familiares directos, en una clara alusión al ascenso que concedió María Dolores Amorós a su hermana en abril. Desde entonces, Luisa Esperanza Amorós ocupa el cargo de directora de particulares de la delegación territorial de Alicante.

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