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El expediente abierto a Caja Mediterráneo por el Banco de España, en el que están incluidas 49 personas, 47 de ellos miembros de los consejos de administración, más la última directora general, María Dolores Amorós, y su antecesor en el cargo, Roberto López, perfila una situación en la que éste último tenía de facto todo el poder, y de hecho el Banco de España le hace en gran medida responsable directo de la situación en la que ha quedado la caja.
Así, en distintos apartados, el expediente habla de la falta de intervención del departamento de Riesgos, del "desentendimiento" por parte de dicha área y de que, textualmente, "no existía la función de revisión, clave en el proceso de vida del crédito". Pero señala que en operaciones estratégicas, como las llevadas a cabo por una empresa creada bajo el mandato de López como director general, Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), "la gestión de los riesgos fue directamente asumida por Daniel Gil (que desempeñó diversos cargos en la caja)" y el propio Roberto López. "El resto de la estructura de la caja, y en especial los departamentos de riesgos y auditoría, o se inhibieron o mantuvieron una actitud de involucración puramente formal". A junio de 2011, la CAM participaba a través de TIP en proyectos inmobiliarios de 65 sociedades, que produjeron pérdidas de 1.011 millones.
El expediente afirma que la caja "actuó como si el acceso a los mercados monetarios fuera ilimitado", que su crecimiento no se correspondía con su situación real y que los "estándares de buenas prácticas no eran aplicados". Como ejemplo máximo de ello señala que, tras la entrada en recesión, "el comité de crisis" no fue activado. La auditoría interna dependía jerárquicamente de Roberto López, y el expediente hace dos duras afirmaciones: que dicho departamento de auditoría "no evaluaba los riesgos en que podía incurrir la entidad" y que esta forma de funcionar, contraria a la operativa habitual en el sector bancario, se puso en práctica a partir de la llegada de Roberto López a la dirección general en 2001, ya que "antes sí se realizaban valoraciones y proposiciones de clasificación del riesgo asumido".
El expediente indica además que, bajo el mandato de Roberto López, se revocó en el año 2005 una norma de 1999 por la que los miembros del consejo que formaran parte de órganos de empresas en las que participara la CAM no podían cobrar cantidades superiores a las que hubieran percibido como dietas de la misma CAM, dietas que eran muy bajas. Tras el cambio en 2005 de esta norma, diversos consejeros empezaron a percibir altas sumas anuales por participación en empresas vinculadas a la CAM, llegando al máximo en el caso de Modesto Crespo, el presidente de la entidad, que tenía una asignación de 300.000 euros como presidente de Tinser, parte de la cual llegó a cobrar como publicó ayer este periódico sin ni siquiera estar nombrado. Otro alto cargo que percibió retribuciones fue el presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés.
El informe recoge el recurso a consultores externos, cuyo coste fue de 20,5 millones de euros entre 2007 y 2010, pese a que sus recomendaciones luego no se ejecutaban. El BdE concluye que con ello se buscaba dar "apariencia de control"

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