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M. A. RUIZ COLL / ALICANTE

Día 12/05/2012

ABC

Caja Mediterráneo (CAM) solo tenía liquidez para cumplir sus obligaciones de pago y garantizar los fondos de sus clientes durante un máximo de «30 ó 60 días» cuando, el 22 de julio de 2011, fue intervenida por el Banco de España, cuyo titular, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se encuentra ahora en el punto de mira de las críticas por no haber anticipado quiebras como la de la entidad alicantina o coyunturas agónicas como la que ha trascendido en el caso de Bankia. De hecho, las Cortes le han remitido un segundo requerimiento tras la negativa del gobernador a acudir a la comisión de investigación parlamentaria.

La situación «crítica» de la CAM, reflejada en un informe del órgano regulador al que ha tenido acceso ABC, precipitó la dimisión de todos los miembros del consejo de la caja y la toma de control del FROB.

Tras la ruptura de la fusión fría con Cajastur, el Banco de España instó a la caja entonces presidida por Modesto Crespo a presentar un plan de actuación que le permitiera cumplir los requisitos de solvencia exigidos para seguir operando en el mercado financiero con garantías.

Durante los tres meses previos a la intervención, la CAM llegó a remitir al Banco de España hasta cuatro versiones distintas del plan; todas fueron rechazadas por creer que incluían previsiones poco realistas.

A modo de ejemplo, la última versión elaborada por el equipo de María Dolores Amorós incluía la previsión de vender la participación del 5% que poseía en el accionariado del Banco Marroquí de Comercio Exterior por 190 millones. CAM vendió esa participación por 50 millones menos.

Del mismo modo, los gestores de CAM incluían en el plan la previsión de incrementar en 7.700 millones los depósitos de los clientes entre 2011 y 2015. Pero lo cierto es que la caja perdió 2.450 millones en cuatro meses, desde el 23 de marzo de 2011, cuando trascendió la ruptura del SIP, y el 20 de julio, cuando se consumó la intervención.

En su informe, el regulador atribuyó la fuga de depósitos a la alarma creada entre los clientes, la bajada del rating y «las numerosas noticias de prensa sobre la mala situación financiera de la entidad», como informó ABC el pasado día 10.

El organismo dirigido por Fernández Ordóñez también consideró insuficientes las medidas anunciadas por la CAM para recortar sus costes de explotación. La caja proponía el cierre de 122 sucursales (el 12% de su red) y una reducción de plantilla que afectaría a 1.469 empleados, lo que suponía el 19% de su plantilla para ahorrar 665 millones de euros hasta 2015.

Costes laborales

Al respecto, el Banco de España consideraba necesario reducir los costes de plantilla en una cifra muy superior, 1.923 millones en el mismo período, lo que implicaba despedir a 2.000 empleados, al entender que la caja estaba lastrada por una «estructura operativa sobredimensionada». El regulador estimaba que el plan propuesto no atajaba uno de los grandes problemas que sufría la caja en julio de 2011: el creciente deterioro de los activos, debido a que la crisis del «ladrillo» había provocado una catarata de impagados por parte de los promotores y particulares.

El equipo directivo se comprometía a vender activos adjudicados (fundamentalmente, pisos embargados y suelo utilizado por los promotores como aval) por importe de 9.107 millones. Una cifra que el Banco de España consideró completamente alejada de la realidad, dada la parálisis del mercado inmobiliario que obligaría a CAM a vender buena parte de estos activos por un precio muy inferior a su valor contable.

En el informe el Banco de España recalcaba que la caja había seguido incurriendo en la práctica irregular de rehabilitar como activos sanos créditos que en realidad tenían la consideración de dudosos y fallidos.

A lo largo de 2010, CAM no había contabilizado adecuadamente activos «tóxicos» por importe de 2.862 millones. La adecuada reclasificación de estos créditos había obligado luego a la caja a destinar 306 millones de euros a provisiones. El dictamen añade que, precisamente por esta elevada exposición al ladrillo, el grupo empresarial de CAM, Tenedora de Inversiones y Participaciones, tenía necesidades de 500 millones.

Plazo insuficiente

Como consecuencia de todo ello, el Banco de España estimaba que la caja precisaba una inyección económica de al menos 4.000 millones, muy superior a los 2.800 que había solicitado al FROB. Por todo ello, el regulador instaba al equipo directivo de la caja a presentar un nuevo plan de actuación en el plazo máximo de diez días. Un plazo que resultaba insuficiente para cerrar la única solución que hubiera permitido a la caja obtener esta financiación adicional: un socio financiero que hubiera tomado una participación mayoritaria en el capital del recién creado Banco CAM

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