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Con el ladrillo engordaron y bajo ladrillos han acabado enterradas. La liquidación de los últimos restos de Bancaja como consecuencia de la nacionalización del grupo BFA-Bankia pone el definitivo punto y final al sistema financiero valenciano. En menos de un año, Bancaja, CAM y Banco de Valencia han acabado nacionalizadas o intervenidas. Es el desenlace de una década en la que las tres entidades se subieron a la ola del frenesí inmobiliario para crecer de forma desmesurada pilotadas hacia el abismo por gestores pseudo profesionales y consejos politizados.

La historia del desastre de las entidades financieras de la Comunitat tiene nombre y apellidos. José Luis Olivas, Domingo Parra, Modesto Crespo, Dolores Amorós y Roberto López Abad son los protagonistas de un triste relato trufado de ambición desmedida, operaciones ruinosas y sueldos y finiquitos rayanos en lo obsceno. Si a ello se añade la actitud acrítica de los órganos de gobierno de las entidades, la falsa creencia de que el ´boom´ inmobiliario no acabaría nunca y la dejación de funciones del Banco de España y el IVF a la hora de ejercer el control sobre las entidades, la combinación es explosiva.

Esta misma semana, casi a la misma hora en la que Rodrigo Rato se veía obligado a asumir el desastre de Bankia y a solicitar el rescate del Estado, Modesto Crespo, presidente de la CAM en el momento de la intervención, reconocía su incapacidad para dirigir una entidad que al calor del ´boom´ llegó a ser la tercera caja española. «La responsabilidad ejecutiva era de otros. Mi función era institucional porque no tenía conocimientos suficientes», admitía Crespo sin ruborizarse ante los miembros de la comisión de investigación sobre la CAM que se desarrolla en Les Corts.

En parte, tenía razón. Su única experiencia en el mundo de los negocios se limitaba a la gestión de varios concesionarios de coches en la provincia de Alicante. Crespo carecía de conocimientos financieros, pero eso no importó para que fuera aupado a la presidencia de la entidad en junio de 2009 directamente por el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Crespo fue el presidente de un fiasco cuyas causas se gestaron en los años anteriores al estallido de la crisis. El exdirector general, Roberto López, fue desde su acceso al cargo en 2001 el muñidor de las operaciones que fueron rentables en la fase expansiva del ciclo y, al mismo tiempo, acabaron siendo su condena cuando las cosas se torcieron.

La caja alicantina llevaba muchos años engordando al socaire del boom inmobiliario. Los ejemplos de esa etapa en la que desdeñó su negocio tradicional para jugar a ser promotor inmobiliario son muy numerosos. Uno de los más evidentes fue su aventura norteamericana. En junio de 2009, con Crespo recién aterrizado y en plena crisis financiera, la entidad alicantina invirtió 145 millones de euros en la compra de la financiera mexicana Crédito Inmobiliario como antesala para un desarrollo inmobiliario de 25.000 viviendas. Una inversión, por cierto, autorizada previamente por el Banco de España.

Un año y medio después, las consecuencias de esa ruinosa operación ya eran evidentes y las pérdidas del delirio mexicano ya se habían ´comido´ los 300 millones de beneficio que la caja alicantina dio en 2009.

Polaris World o ´El Pocero´

La ausencia de conocimiento sobre el negocio financiero fue, en algunos casos, acompañada de falta de escrúpulos a la hora de plantear algunas operaciones, que fueron financiadas mediante la colocación a sus clientes de complejos instrumentos financieros. Sin ir más lejos, la compra mexicana se financió con la venta de bonos a particulares. Es una de las prácticas detalladas en el expediente elaborado por los técnicos del Frob sobre los antiguos gestores de la caja. «Sorprende que pensaran que esas maniobras no iban a ser detectadas», confiesa una fuente que ha tenido acceso a ese documento.

La lista de ´pufos´ es alargada. Uno de los más sonados fue el del megaproyecto inmobiliario Polaris World en Murcia, donde también embarrancaron Bancaja y el Banco Popular. A finales de 2008, cuando la promotora se vio incapaz de devolver los créditos, planteó la cancelación de la deuda mediante la dación de los activos inmobiliarios.

Bancaja, CAM y Popular se vieron obligados a crear ´ex profeso´ la sociedad Inversiones en Resorts Mediterráneos (IRM) para que asumiera esos solares y terrenos de forma que no figurasen como activos adjudicados en sus respectivos balances. En sus primeros dieciocho meses de vida, la mercantil IRM, en la que CAM tenía una participación de aproximadamente un 30%, ya había tenido que tragarse 1.170 millones de euros en ladrillo, según el expediente de los técnicos del Frob. El Banco de Valencia, que en su día fue la joya de la corona de las participadas de Bancaja, también figura como socio en Inversiones en Resorts Mediterráneos.

En su relación de financiaciones fallidas al ladrillo también ocupa un lugar destacado la ciudad residencial de Francisco Hernando, ´El Pocero´, en Seseña (Madrid), donde la CAM tiene un riesgo inmobiliario de cien millones de euros. De las 15.000 viviendas proyectadas, apenas se han vendido 5.000.

Más recientes son otras financiaciones ruinosas como el apartahotel de Canet promovido por Astroc que la Banco CAM tuvo que asumir tras el fiasco de la inmobiliaria de Enrique Bañuelos y, sobre todo, el desarrollo inmobiliario Ciudad Ros Casares de Valencia, un complejo de catorce edificios, con 540 lofts, 149 oficinas y 4.500 metros de locales comerciales que fue financiado por la caja alicantina con un coste de 220 millones de euros. Ahora tendrá que quedarse el complejo ante la imposibilidad del promotor para devolver el préstamo.

El resultado de esa alocada tendencia a implicarse en proyectos inmobiliarios de dudosa viabilidad y financiaciones en las que sólo se exigía un solar rústico como aval acabó con la conocida intervención de la caja el pasado 22 de julio y su posterior venta al Banco Sabadell con un esquema de ayudas de casi 25.000 millones. Los técnicos del Frob revelaron antes de venderla que el riesgo inmobiliario de la CAM rondaba los 17.500 millones de euros y la mora de los créditos del ladrillo estaba en un 40% (7.117 millones en préstamos morosos).

Sueldos de lujo

La escasa capacitación técnica de sus responsables y su laxa política de riesgos no fueron óbice para que sus responsables se asignaran a sí mismos sueldos y finiquitos escandalosos. El propio Roberto López Abad, que cobraba 700.000 euros anuales, aprovechó el ERE que la CAM puso en marcha a finales de 2010 para prejubilarse con una indemnización superior a los 5,5 millones de euros. Meses antes de dejar la entidad, también se benefició de otra de las ventajas que la caja reservaba para los miembros de su cúpula y se embolsó 70.000 euros por su boda con una empleada de la CAM.

Su sucesora en el cargo, María Dolores Amorós, también disfrutó de un salario ´premium´. La directora general en el momento de la intervención pactó directamente con Modesto Crespo -sin pasar por los órganos de control de la caja- una retribución de 593.040 euros anuales y un renta vitalicia asegurada de 30.791 euros mensuales (370.000 euros al año), de la que por el momento no disfruta por el expediente que le abrió el Banco de España tras la intervención. Amorós interpuso una demanda por despido improcedente, pero fue desestimada.

Al margen de pasar a la historia como los enterradores de la CAM, los exmiembros de la cúpula de la entidad todavía tienen pendiente una causa abierta en la Audiencia Nacional por delito societario, estafa y falsedad documental.

Sin embargo, el ´caso CAM´ no es aislado. Del mismo modo que ha ocurrido en otras entidades como el Banco de Valencia, Bancaja o la también intervenida Caja Castilla-La Mancha, al temeraria gestión de sus responsables ha contado con la necesaria colaboración de órganos de gobierno altamente politizados y poco preocupados por vigilar a los ejecutivos.

En la configuración de los consejos de administración de las cajas de ahorro han primado sobre todo las afinidades políticas o personales con los partidos en el poder. En el caso concreto de la Comunitat el punto de inflexión lo puso Eduardo Zaplana a su llegada a la presidencia de la Generalitat en 1995. Apenas dos años después vio la luz una nueva ley de cajas con la que el Partido Popular elevó el listón de miembros ´políticos´ hasta el 50% -antes el máximo era del 35%-. Se abrió la puerta así a duros procesos de negociación entre los partidos y, en no pocos casos, de imposición de los criterios de quien ostentara la mayoría en Les Corts.

Bancaja ha sido el paradigma de esas luchas y su presidente de los últimos ocho años, José Luis Olivas, el máximo exponente de político metido a banquero. Su desembarco en la presidencia de Bancaja y de su filial Banco de Valencia estuvo precedido por un breve paso por el Palau de la Generalitat. En julio de 2002, Olivas sustituyó a Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat tras haber ocupado varias responsabilidades como miembro del PP en la administración local y autonómica. Tras las elecciones de mayo de 2003, en las que Francisco Camps se convirtió en nuevo jefe del Consell, los populares encontraron acomodo para Olivas en la presidencia de Bancaja en virtud de lo acordado con el propio Zaplana y certificado por el nuevo presidente de la Generalitat. Con Olivas en la presidencia, un licenciado en Derecho con nula experiencia en el sector financiero, comenzó una etapa marcada por la implicación de la entidad en proyectos emblemáticos del Consell como Terra Mítica -en alianza con la CAM- que acabaron siendo ruinosos. En esos años, Olivas se apoyó fundamentalmente en Aurelio Izquierdo, quien ascendió a la dirección general de Bancaja tras la salida forzada de Fernando García Checa en 2007.

La coexistencia de Olivas y Checa había pasado por momentos complicados por su diferente visión a la hora de plantear algunas operaciones, ya que Olivas no se limitó al rol institucional y desempeñó funciones ejecutivas. Su primer desencuentro llegó con la suspensión de pagos de Terra Mítica, que se produjo apenas seis meses después de la llegada del exjefe del Gobierno valenciano a la presidencia de la caja, ya que el entonces director general era contrario a cualquier solución ´política´ que pudiera perjudicar los intereses de la entidad.

Olivas y su delfín, Aurelio Izquierdo, protagonizaron una gestión marcada por el rápido crecimiento y la implicación en proyectos impulsados por el Consell pero con incierto retorno. Bancaja -la mayoría de veces acompañada por la CAM- se embarcó de esa forma en desarrollos como la Ciudad de la Luz, la sociedad que explota el circuito de Fórmula 1 en Valencia o el aeropuerto de Castellón.

En el caso de la caja valenciana es especialmente significativa la operación con el Valencia CF. Bancaja concedió un crédito de 200 millones al club para la construcción de su estadio y ciudad deportiva, proyectos que hoy en día están paralizados. La solución que el club ha planteado ahora es cancelar la deuda a cambio de que la caja se quede con su viejo estadio y los terrenos de ciudad deportiva de Paterna, un acuerdo que está en el aire tras la nacionalización del BFA, la matriz de Bankia, ya que supondría engordar de forma notable su cartera de inmuebles adjudicados.

Las ´amistades peligrosas´ de las entidades financieras valencianas con las grandes promotoras quedaron en evidencia con la quiebra de Llanera en septiembre de 2007. La inmobiliaria entró en concurso con una deuda global de más 700 millones de euros tras no poder afrontar la compra de los terrenos de La Reva, más de nueve millones de metros cuadrados de suelo agrícola. La financiación principal (163,2 millones de euros) la aportó Lehman Brothers UK, pero Bancaja y Banco de Valencia también participaron a través de dos sociedades instrumentales (General de Negocios 21 y Nou Litoral) con 120,5 millones de euros en total. El desarrollo urbanístico, que incluía hoteles de cinco estrellas y centros comerciales, nunca llegó a realizarse y el desastre también salpicó a la CAM y Ruralcaja, aunque en cantidades mucho menores.

Otras quiebras que atraparon a las cajas valencianas fueron las de Sacresa, la patrimonial de la familia Sanahuja, a la que Grupo Bancaja financió con 96 millones y CAM con 73,7 millones; o Martinsa-Fadesa, donde la alicantina tiene comprometidos 155 millones y la valenciana casi 270.

Y si Izquierdo -con un blindaje de 14 millones de euros en Bancaja- ha sido la mano derecha de Olivas en Bancaja, en el Banco de Valencia ha sido Domingo Parra quien ha desempeñado esa función como consejero delegado. A Parra se le atribuye la responsabilidad de operaciones como el préstamo de 3 millones de euros que la entidad concedió al expresidente balear, Jaume Matas, cinco meses antes de ser intervenida por el Banco de España, un crédito que evitó que su palacete le fuera embargado.

La elevada exposición al riesgo inmobiliario del Banco de Valencia, que también se ha visto atrapado en proyectos fallidos como los mencionados de Llanera o Polaris World, terminó con su intervención por parte del Banco de España el pasado mes de noviembre ante la existencia de un desfase contable de alrededor de mil millones de euros. Parra, Olivas y el resto del consejo del Banco de Valencia, una entidad que ha sido gestionada con criterios más próximos a los de una caja de ahorros, serán próximamente llamados a declarar en el TSJ de Valencia como imputados por falsedad contable, administración desleal y delito societario.

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