El presidente de BBVA, Carlos Torres(EPA) EFE

La decisión sobre la opa de BBVA al Sabadell entra en su recta final. La entidad vasca sigue analizando —no hay vacaciones para sus analistas— los riesgos que incluye la operación tras las condiciones del Gobierno. Hay que amarrar los costes de integración de personal; las diferencias de los sistemas informáticos; el mantenimiento obligado de las sucursales; la aprobación de los accionistas del Sabadell a la venta de TSB al Santander; y los tres años, prorrogables a cinco, que el Gobierno decidió imponer en junio. Todo antes de presentar el folleto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que de su aprobación y que los accionistas del banco catalán decidan sobre la operación.

El BBVA ha hecho correr la especie de que todo está en el aire. Sabe que los test de estrés de la Comisión Europea y de las empresas privadas han dibujado un futuro incierto para el Sabadell y no quieren —eso dicen— que esta operación arrastre a su banco. La decisión es ahora del grupo vasco y la bolsa ya ha dado síntomas de que una eventual marcha atrás beneficiaria a la entidad. A saber, una subida el viernes del 3 % en cuanto se ha empezado a especular sobre la retirada de la opa, y una revalorización semanal del 11 %. No está mal.

También saben que, a pesar de la multa a España de la Comisión por las interferencias en la operación, no pueden enfrentarse a un Gobierno central que ve en Salvador Illa y sus amigos la única tabla de salvación para el futuro de su partido. Vamos, que el BBVA aún podría dar marcha atrás, lo cual no quita para convertir su decisión de mayo del 2024 en un error estratégico de libro.

La cúpula del Sabadell con Josep Oliu al frente sigue a lo suyo. El 6 de agosto decidió también repartir 2.500 millones en dividendos para que el BBVA si decide tirar palante tenga que mejorar su oferta a los accionistas. El banco vasco no tuvo más remedio que registrar el jueves ante la CNMV un documento a su folleto universal «que actualiza los factores a tener en cuenta después de que la junta de accionistas del Banco Sabadell». La entidad que preside Carlos Torres sigue añadiendo «factores de riesgo» a ese suplemento. Una herramienta con la que el BBVA informa al mercado sobre la evolución del negocio, la situación financiera, los resultados y las perspectivas para que pueda tomar sus decisiones con información al día.

Pero estos riesgos tampoco son nuevos. El pasado mes de mayo, una vez que recibió la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y poco antes de que el Gobierno de Sánchez pusiera sus condiciones, el BBVA ya advirtió de que esos compromisos podían «afectar negativamente de manera significativa a la actividad de BBVA y Banco Sabadell, retrasar o impedir la ejecución de la fusión, o imponer costes adicionales o limitar los ingresos del grupo combinado tras la consumación de la fusión». Las condiciones del Gobierno no hicieron más que añadir nuevas dudas, sobre todo en lo relativo al mantenimiento de la personalidad jurídica y patrimonio separados y a la autonomía en la gestión, durante al menos tres años prorrogables a cinco.

Precisamente este hecho —que la fusión no sería inmediata— complica el momento en que los consejos de administración de ambas entidades puedan presentar a sus accionistas el «proyecto común de fusión» y vuelvan a solicitar al Ministerio de Economía la autorización para la fusión. Según los analistas, los ocho meses no se los quita nadie. Y en ese tiempo pueden pasar tantas cosas en ambas entidades que dan vértigo los cálculos que hasta ahora se habían hecho. ¡Y mira que se han hecho y actualizado!

En esos cálculos y números que se filtran y ponen al día ambas entidades no carece de importancia el comunicado del BBVA en el que advierte sobre «el riesgo de que la situación financiera y los resultados de explotación de la combinación del Grupo BBVA y del grupo integrado por Banco Sabadell y sus entidades consolidadas puedan ser significativamente diferentes de lo que puede implicar una simple combinación aritmética de los estados financieros históricos auditados separados de BBVA y Banco Sabadell, respectivamente». Pues verde y con asas. Ya se sabe que las opas hostiles las carga el diablo pero si encima son en diferido, y con ventas de activos incluidas, dan ganas de cambiar de pantalla. Pero tranquilos que estamos en agosto aún.

Mina Muga

Y hablando de agosto, ya han empezado a rular las informaciones sobre Mina Muga que les anuncié hace unas semanas. El informe de casi 500 folios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado en Navarra, y en concreto en el proyecto de Mina Muga, el origen de toda la trama corrupta protagonizada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el asesor Koldo García.

La empresa Geoalcali y su principal proyecto, la explotación de potasa de Sangüesa, llegaron a un acuerdo con Acciona en diciembre de 2015 para la constitución de la empresa Mina Muga, para lo que la multinacional formó una UTE con la Servinabar de Antxon Alonso Egurrola. Por eso, la UCO señala que la relación de Koldo con Acciona se remontaría, al menos, al año 2015. Una relación que se materializaba a través de Fernando Merino, director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona. Koldo, que ya era un lince, facilitaba contactos a Merino, y daba novedades a Santos Cerdán. También la Guardia Civil ha certificado que la cooperativa Noran la constituyeron Koldo y Alonso en San Sebastián, el mismo mes que se firmaron las primeras concesiones a Mina Muga, y poco antes de la constitución de Servinabar.

Luego vendrá todo lo demás. Las relaciones entre Merino, Koldo García y Santos Cerdán se hicieron más intensas en cuanto Koldo llega de asesor al ministerio de José Luis Ábalos. El 9 de abril de 2019, Koldo grabó una conversación con el ministro en la que hablaron sobre el reparto de obras públicas para diferentes empresas, entre las que se encontraba Acciona. En el audio es cuando Ábalos le pide a Koldo. «Habla con Santos, eh». Y es que allí ya estaban todos. Empezaron en 2015. Diez años de fino trabajo. Diez años para investigar.

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