Economía cede el control de las financieras al Banco de España

Traspasa al supervisor bancario la facultad de dar luz verde a las fusiones de las financieras y a su creación para "reforzar su independencia".

El Ministerio de Economía ha acordado traspasar al Banco de España la responsabilidad de autorizar las fusiones entre Establecimientos Financieros de Crédito (EFC).

El cambio normativo está recogido en el Anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo que el departamento que dirige Carlos Cuerpo presentó a inicios de mes y que estará abierto a consulta pública hasta este viernes.

Además de la competencia sobre las fusiones, la legislación en desarrollo también reasigna la facultad de autorización de creación de los establecimientos de crédito, así como las bajas y otras modificaciones estructurales, que igualmente dejarán de estar en manos del Gobierno para situarse bajo la lupa del Banco de España.

"Se introducen modificaciones en el régimen de autorización de los establecimientos financieros de crédito con el objeto de reforzar la independencia del supervisor y que sea el Banco de España quien ostente la competencia para resolver procesos de autorización", dice la norma.

Salvaguarda de inclusión

Las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un establecimiento financiero deberán ser autorizadas por el Banco de España, de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, según indica una de las disposiciones finales del Anteproyecto, que modifica la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial.

"La entidad resultante de la fusión de dos o más establecimientos financieros de crédito podrá realizar las actividades para las que estuvieran autorizados los establecimientos fusionados", señala el articulado.

Lo mismo ocurrirá con las dos nuevas figuras de prestamistas que introduce la norma para profesionalizar el ámbito del crédito al consumo y potenciar la competencia en el seno del mismo -las Entidades Financieras de Crédito de Ámbito Limitado y los Proveedores de Crédito de Alto Coste Autorizados-, cuyos procesos de creación, reforma estructural y baja también quedarán bajo la supervisión del Banco de España.

El Ministerio de Economía matiza que la cesión de estas competencias afecta "únicamente" a estos tres segmentos de entidades -establecimientos de crédito, establecimientos de ámbito limitado y proveedores de alto coste-, ya que su "atomización y el carácter de proveedor de financiación especializada de estas figuras no requiere del establecimiento de salvaguardas de inclusión de servicios bancarios que justifique el mantenimiento de autorizaciones adicionales, como la del Ministerio".

Economía detalla que la modificación legal prevista no altera el régimen de las entidades de crédito que viene dado por la Ley 10/2014, de 26 de junio de transposición de las directivas comunitarias bancarias, en las que el Gobierno ha planteado mantener parte del control sobre las ofertas públicas y fusiones, pese a reconocer la capacidad supervisora del Banco de España.

Esta regulación cobró especial protagonismo hace un año, con motivo de la fallida opa hostil lanzada por BBVA sobre Sabadell y que contó con la negativa del Ejecutivo desde sus primeras fases en mayo de 2024.

La norma vigente en España motivó un expediente comunitario a raíz de la posición del Ejecutivo central contra la opa, cuya resolución sigue pendiente mientras Bruselas analiza las últimas reformas legales adoptadas.

Refuerzo de la legislación contra el blanqueo de capitales

El Ministerio de Economía ha iniciado los trámites para modificar el Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y adaptarlo a nuevos fenómenos como los criptoactivos.

Desde la aprobación del marco vigente, "se han sucedido diversas transformaciones en el ámbito socioeconómico y en el propio sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que exigen su adaptación a los nuevos escenarios sociales y normativos", indica el documento de consulta pública previa.

"La evolución de los métodos y tipologías de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el desarrollo de nuevas actividades económicas, la modificación de los estándares internacionales elaborados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la actualización del marco legislativo de la UE requieren su correspondiente reflejo en la normativa reglamentaria vigente", reza.

A ello, señala Economía, hay que añadir que, "tras más de 10 años de vigencia, es necesario adaptar la aplicación del Reglamento a la experiencia adquirida".