Malestar en los empresarios porque el Gobierno cierra la puerta a bajar impuestos para minimizar el coste de la guerra

Los empresarios no ven con buenos ojos la deriva que está tomando el paquete de ayudas que prepara el Gobierno para minimizar el impacto de la guerra de Irán, según fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia.

En casi todos los sectores se piden principalmente rebajas o la eliminación temporal de impuestos, para el sector energético, las gasolinas, las personas e incluso los alimentos. Algo que el Gobierno se resiste a asumir como una medida inmediata.

De momento, los más afectados son los transportistas y las gasolineras por la subida de los carburantes. Y ellos piden aplicar rebajas en el IVA en los combustibles de automoción o una reducción temporal del 50% en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) aplicado al gasóleo.

Una postura que apoya la patronal CEOE, que también incluye en estas rebajas deflactar el IRPF "para impedir que la subida de la inflación merme la capacidad adquisitiva de los hogares". El Partido Popular (PP) solicita además suprimir el impuesto de generación eléctrica.

Con estas bajadas el impacto de amortiguar las subidas de precios recaería en el fisco -que además sigue marcando récord de recaudación tributaria- y no en las empresas. Así lo ha pedido la Comisión Europea, en el caso de la energía, y han actuado Portugal, Italia y Croacia, que han anunciado rebajas fiscales a los carburantes.

Por el contrario, en España se ha propuesto reforzar el escudo social y establecer limitaciones al despido por la subida de los precios de la energía. Una situación que -creen en algunos sectores- podría significar un aumento de sus propios costes.

Y no hablamos de grandes empresas, que pueden asumirlos, sino de medianas y pequeñas compañías que ya llevan muchos años soportando el aumento de impuestos y costes laborales tras la irrupción de la pandemia.

Esta semana comenzaron los primeros acercamientos entre patronales sectoriales y los diferentes ministerios y, pese a que estos encuentros se han producido en un ambiente de cordialidad, la sensación que ha quedado es que el Ejecutivo no tiene demasiado interés en considerar sus propuestas.

Unos temores que se han confirmado al conocer las primeras declaraciones públicas del Gobierno donde ya se ha referido a medidas concretas.

Este jueves el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; y la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; se hablaron de la posibilidad de mover ficha en el plano fiscal para controlar los precios de la energía y reforzar el escudo social.

Sin embargo, los dos cerraron la puerta a eventuales bajadas de impuestos inmediatas como piden todos los sectores, empezando por la patronal CEOE.

Díaz fue tajante e indicó que se opondrán a cualquier rebaja fiscal, mientras que Cuerpo dijo que no son prioritarias.

Quizás el único pequeño margen que queda es la factura de la luz y la reducción de algunos de sus impuestos, aunque sería lo único -y no hay un plazo concreto- dicen desde el Ejecutivo.

Reuniones con los ministerios

El miércoles el Ministerio de Transportes y el de Energía se reunieron con sus principales patronales y este jueves fue el turno de la patronal de los supermercados. Reuniones de acercamiento para recopilar propuestas.

El colofón se produjo este mismo jueves en un encuentro entre todos los ministros económicos y el director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, con la patronal CEOE y Cepyme y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.

Allí se volvió a constatar que el interés del Gobierno no es bajar impuestos y que si lo hace esperará algunas semanas antes de tomar la decisión definitiva.

Por el contrario, Yolanda Díaz ha vuelto a insistir en el control de precios y del mercado para evitar la subida de los carburantes y la energía. También ha indicado que se plantea intervenir la cesta de la compra y congelar alquileres, aunque ha admitido discrepancias con el PSOE en estos puntos.

Por descontado que los empresarios se oponen a intervenir los mercados de la vivienda, la alimentación y la energía, topar los precios del alquiler y el gas. Porque consideran que nos harían entrar en una deriva populista que en nada favorece la actual situación económica.

Precisamente, las declaraciones de Yolanda Díaz no han sentado nada bien en el sector empresarial. Por su fondo, pero también por sus formas. La vicepresidenta irrumpió en Televisión Española a primera hora de la mañana anunciando que el Consejo de Ministros aprobaría un nuevo escudo social el próximo martes.

Consejo de Ministros

Y lo hizo detallando medidas antes de conocer cualquier propuesta de los empresarios. Algo que no gustó en el sector. De hecho, la entrevista se produjo minutos antes de que se incorporara a la reunión con CEOE y el resto de ministros, donde por primera vez se trasladaron los planteamientos corporativos.

Unos anuncios que tampoco sentaron demasiado bien en la parte socialista del Gobierno. De hecho, Moncloa desmintió a los pocos minutos que el próximo martes se aprobaran con seguridad las primeras medidas y Cuerpo se dedicó a enmendarla hacia el final de la mañana.

Con todo, en lo único que parece que hay coincidencia es que -según Cuerpo- las opiniones recabadas entre agentes sociales y sectores afectados invitan a descartar el uso de la bonificación fiscal de 20 céntimos aplicada sobre el combustible en la crisis de precios anterior, por la guerra de Ucrania. Pero poco más.