El Tribunal Supremo falla contra UGT-A y le obliga a devolver a la Junta de Andalucía 18,3 millones de euros en subvenciones para cursos de formación

Nuevo revés judicial contra la federación andaluza de UGT en el litigio que mantiene con la Junta de Andalucía para no abonar las subvenciones millonarias que le reclama la Administración andaluza, después de que EL MUNDO y otros medios destaparan en 2013 el fraude cometido por el sindicato con las ayudas públicas para formar a los parados.

El Tribunal Supremo acaba de rechazar un recurso de UGT contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que lo condenó a devolver 18.319.183 euros a la Junta de Andalucía, en relación con el expediente administrativo con referencia 98/2001/J/0249, correspondiente a una subvención para cursos de formación. En esa suma se incluyen los 13.118.971 euros de la ayuda y otros 5.200.212 euros en concepto de intereses de demora.

Cuando a partir de 2013, este diario y otros medios publicaron las pruebas del desvío sistemático de ayudas en el que había incurrido UGT-A, el Gobierno andaluz, en la etapa de Susana Díaz como presidenta, abrió numerosos expedientes de reintegro para exigirle al sindicato que devolviera las subvenciones que no había destinado a los fines previstos. Uno de esos expedientes de reintegro es el que ahora ha llegado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. En concreto, se abrió el 16 de septiembre de 2015 por la Consejería de Economía y Innovación, Ciencia y Empleo y ésta exigía los 18,3 millones de euros que, finalmente, UGT-A va a tener que devolver.

La vía penal

De forma paralela, a los litigios en la vía contencioso administrativa, en la que se está dirimiendo la devolución o no de las subvenciones, también se inició una investigación penal que concluyó en noviembre de 2024 con una sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla contra la antigua cúpula de UGT-A.

El fallo, que todavía no es firme, condenó a tres años de cárcel y al pago de una multa de 50 millones de euros al que fuera secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, que se vio forzado a dimitir cuando estalló el escándalo. También fueron condenados otros tres ex dirigentes de UGT-A por falsedad y fraude en la gestión de las subvenciones que el sindicato recibió de la Junta por valor de 40,6 millones de euros para impartir formación. El tribunal consideró probado que esos fondos se destinaron a fines distintos a los legales, principalmente actividades propias del sindicato.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo conocida este martes da la razón a la Junta, al reclamar los 18,3 millones porque UGT-A le pagó a los profesores que impartían los cursos de formación subvencionados un "complemento específico, cuya naturaleza y justificación no fueron acreditadas documentalmente" por el sindicato. Para pagar ese plus era necesaria una "autorización expresa del responsable de personal, así como la determinación de su cuantía, duración y condiciones de aplicación". Pero el sindicato no aportó esa documentación y, por lo tanto, "no pudo acreditarse que el complemento remunerase circunstancias inherentes al trabajo subvencionado ni que respondiera a una necesidad objetiva e indispensable para la ejecución de la actividad formativa", dice el fallo del TS.

Los magistrados recuerdan que los "gastos subvencionables" deben limitarse a "referencias objetivas, verificables y controlables, como son los mínimos legales o las cuantías establecidas en convenio colectivo". Y censuran que "permitir que las subvenciones financien libremente mejoras salariales fijadas discrecionalmente por el empleador supondría trasladar al erario público decisiones empresariales que exceden de las exigencias de la actividad subvencionada".

"Todo empresario privado" y también UGT-A son "libres para mejorar el salario correspondiente, según el convenio colectivo aplicable, pero habrán de hacerlo con cargo a sus fondos privados, y no los fondos públicos que representan una subvención, por lo que tales mejoras no son elegibles en los términos expresados en la Ley General de Subvenciones", explican los magistrados.