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HÉCTOR ESTEBAN | VALENCIA.

Los administradores que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) envió a la CAM encontraron a su llegada a un «politraumatizado». Así lo definió ayer José Antonio Iturriaga en su comparecencia ante los miembros de la comisión de investigación de Les Corts sobre la gestión de la caja alicantina, que durante más de cuatro horas se empaparon de una radiografía muy detallada de la CAM.

Iturriaga, administrador del FROB en el Banco CAM, no anduvo con rodeos: «Los responsables de esta situación son los miembros del consejo de administración y los altos cargos de la caja». Apuntó que la política de retribuciones que se aprobaron sin autorización de la asamblea general «es reprobable» y añadió que el programa de prejubilaciones que se aprobó para los consejeros «fue en unas condiciones mucho mejores respecto al resto de empleados». Iturriaga adelantó la presentación de la correspondiente demanda judicial por esta cuestión y añadió que los altos cargos «sólo han pensado en ellos como directivos y no en los intereses de la entidad» en cuestiones como la paga de beneficios.

Al bucear en los ejercicios posteriores, los administradores del FROB encontraron que el crédito al sector inmobiliario había crecido un 300% entre 2002 y 2008: «Incluso aumentaba cuando ya se atisbaba la crisis». Iturriaga desveló también que tras la intervención conocieron que de los 53.000 millones de euros que había invertido la CAM sólo 1.000 se habían destinado a créditos que no tenían que ver con el ladrillo. La morosidad ató de pies y manos a la caja.

El administrador calificó la gestión de la caja «como una política de huida hacia delante» donde los créditos se renovaban «sin analizar la capacidad de pago de los clientes».

La CAM tenía una «dependencia excesiva» de los mercados mayoristas «con una estructura financiera inadecuada y con la idea de que había liquidez ilimitada». Las refinanciaciones de crédito fueron continuas «con graves deficiencias de control interno». El administrador del FROB insinuó que la estrategia de inversión en la caja era un desastre y apuntó que la composición de los consejos por cuotas hace que sus integrantes «adolezcan de virtudes» para gobernar las cajas de ahorro.

Iturriaga señaló que el fallido SIP de la CAM con Cajastur y otras entidades en 2010 no se produjo «porque los posibles socios no se fiaron de la información». Y según las palabras del administrador, acertaron: «Las auditorías externas de marzo y junio daban 40 y 80 millones en positivo, respectivamente, pero en julio, cuando llegamos nosotros vimos que las pérdidas eran de 1.308 millones».

Iturriaga recordó que el FROB inyectó 5.249 millones de euros en la caja y señaló que el valor de las cuotas participativas, que compraron muchos pequeños ahorradores, «es cero». El valor de estas participaciones (Iturriaga las comparó con acciones) va en relación al de la entidad, por lo que a 31 de diciembre no tenían ningún valor. En la próxima asamblea se pedirá su baja, negó que tengan algo que ver con la obra social (como sí que apuntó el presidente de la comisión de control) y expuso que el futuro de estas cuotas serán las que el Sabadell decida.

La labor de los administradores de la CAM es redirigir la gestión de la caja y salir de negocios como Terra Mítica que, según el administrador, le han costado a la caja más de 70 millones de euros. Iturriaga, que detalló también la viabilidad de la obra social, señaló que la deuda de la Generalitat que soporta la CAM es el 10% del total y que la cuota de mercado es del 14%.

Pérez Boada

El ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Enrique Pérez Boada aseguró ayer que quien tenía competencias para inspeccionar la gestión de los directivos de Caja Mediterráneo era el Banco de España, que rechazó ampliar la capacidad de fiscalización del supervisor autonómico. Pérez Boada se expresó así ante la comisión de Les Corts Valencianes, donde dijo que la entidad que dirigió, de 2004 a 2009, nunca aprobó un incremento de las retribuciones de los consejeros de la caja alicantina.

Su gestión al frente del IVF se basó «en el principio de legalidad, la eficiencia y la eficacia, la confianza en la labor del Banco de España y la cooperación hasta donde pudimos», defendió ante la comisión.

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