La cúpula de la entidad debe lograr que la asamblea general apruebe la "fusión fría" mientras negocia un acuerdo con los sindicatos.
05/09/2010 Tras el paréntesis de agosto, a los dirigentes de Caja Mediterráneo (CAM) les queda un largo otoño de trabajo si quieren, como así han asegurado, que el Sistema Institucional de Protección (SIP) con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura sea una realidad a partir del próximo enero. Para empezar tendrán que hacer frente, a partir de mañana, a una dura negociación con los sindicatos, pero también deben conseguir que el contrato de integración, que tanto costó aprobar en el consejo de administración de la entidad, obtenga el visto bueno de la asamblea general. Luego llegarán las batallas por la elección del nombre del grupo, la designación de los representantes de la entidad en el banco que gestionará el negocio conjunto del SIP y del segundo escalón de directivos del mismo. Y todo esto sin olvidar que la reciente reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros obligará a reformar los estatutos de la CAM y sus órganos de gobierno y también a replantearse el futuro de las cuotas participativas que la caja lanzó a bolsa en julio de 2008. Un largo camino que no estará exento de obstáculos.
Los sindicatos llegan divididos a la negociación Las direcciones de las cuatro cajas del SIP han convocado mañana a los representantes sindicales para empezar la negociación de un acuerdo que debe establecer las condiciones laborales de los 14.000 trabajadores del grupo y también la fórmula para reducir en un 11,9% esa plantilla, lo que supondrá prescindir de unos 1.700 empleados. Las tensiones vividas el pasado julio, cuando el consejo de la CAM se negó a suscribir el contrato de integración hasta que no se modificase el párrafo que otorgaba plenos poderes en el SIP al asturiano Manuel Menéndez, podrían repetirse ahora a nivel sindical. Las organizaciones mayoritarias en la CAM, encabezadas por Sicam y CGT, quieren que, antes de llegar a una mesa única, se negocie un acuerdo específico para la caja alicantina convencidos de que sus trabajadores son los que más tienen que perder. La CAM es la entidad con más oficinas fuera de sus territorios naturales (son las que pasarán a depender del SIP) y también es la que tiene unos servicios centrales más abultados, con casi 2.000 empleados. Estos sindicatos tampoco quieren perder las ventajosas prejubilaciones que se aplican en la caja alicantina y que permiten a los empleados mantener hasta un 80% de su salario, además, sin ir al paro ya que se trata de licencias retribuidas. Tanto Sicam, como CGT han alertado de que si se aplican las condiciones pactadas en otros SIP como el de Cajamurcia, los prejubilados sólo cobrarían alrededor del 60% de su sueldo y, además, acabarían en el INEM. El problema es que enfrente tienen a los sindicatos de clase, UGT y CC OO, partidarios de un único acuerdo para todas las cajas.
La Asamblea debe aprobar la operación por dos tercios Si la falta de acuerdo laboral complicaría las cosas, el rechazo de la asamblea general daría al traste con toda la operación e imposibilitaría la creación del que será el quinto grupo financiero del país, con un volumen de activos de 135.000 millones de euros. Desde la cúpula de la entidad se muestran optimistas y creen que conseguirán los dos tercios necesarios para que el contrato de integración salga aprobado el próximo día 24 de septiembre. Piensan así, entre otras cosas, porque ninguno de los dos grandes partidos, ni el PP con sus distintas familias, ni el PSOE, se oponen a la operación, como apuntaba esta semana un consejero de la entidad. El problema es que los 24 representantes de los empleados votarán en contra casi con toda seguridad y que el grupo más numeroso, el de los impositores, que suman por sí solos más de un tercio de la asamblea, resulta difícil de predecir. Llegados a este punto, casi todos se encomiendan al buen hacer del director general de la caja, Roberto López Abad. "Hasta ahora ha conseguido que se apruebe todo lo que ha llevado a la asamblea. Es muy persuasivo", recordaba otro consejero en alusión también a los contactos que estaría manteniendo López Abad para recabar votos afirmativos.
La disputa por los sillones en el consejo del SIP Una vez superado el escollo de la asamblea será el momento de decidir los representantes de la CAM en el consejo de administración del SIP. "Saben que es un tema que va a ser delicado por eso el presidente (Modesto Crespo) no abrirá ese melón hasta tener garantizada la operación", apuntan fuentes de la entidad. De los cuatro asientos que tendrá la caja, uno lo ocupará el propio Crespo -que presidirá el grupo- y otro será para el director general. Por tanto, son dos las vacantes que quedan libres, muy pocas para contentar a todos. Por una parte, desde el Banco de España se ha sugerido de forma genérica a todos los SIP que se apueste por la profesionalización. Es decir, por ejecutivos de las entidades, lo que situaría a la actual directora adjunta, María Dolores Amorós, y al secretario general-director general, José Pina, en esos asientos. Sin embargo, son bastantes los consejeros que piensan que la presencia de los directores generales de las cuatro cajas en el SIP ya garantiza esa profesionalización y reclaman que los sillones los ocupen miembros del consejo de administración de la caja. Esta misma discusión se está repitiendo en Cajastur, según fuentes de esta entidad. El problema es con qué criterio se elegiría a esos consejeros. Si se aplica la territorialidad, uno de los puestos debería ser para la "cuota murciana" de la CAM, pero también otros piensan que se debería ceder uno de los sillones a alguno de los representantes socialistas para guardar el precario equilibrio de poder en la caja. Además de estos nombramientos, la CAM también deberá negociar el nombre del futuro banco y qué ejecutivos del segundo escalón acompañarán a Roberto López cuando se marche para ocupar la dirección general del SIP. Según las fuentes consultadas, podrían ser un buen número "ya que Menéndez (el futuro consejero delegado) no tiene tanto equipo".
La incógnita sobre el futuro de las cuotas participativas Además de la constitución del SIP, la CAM se ha encontrado con trabajo extra gracias a la reciente reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros. Esta reforma obligará a redactar nuevos estatutos y también a recortar el número de miembros de la asamblea y del consejo pero, sobre todo, obliga a la entidad a replantearse el futuro de las cuotas participativas que lanzó en julio de 2008. La CAM es la única entidad que ha emitido estos títulos, cuya principal diferencia con las acciones era que no otorgaban derechos políticos. Ahora eso ha cambiado y las cuotas de la caja alicantina han quedado descolocadas. El decreto del Gobierno concede a la CAM un plazo de seis meses para decidir si las mantiene tal y como están (lo que las dejaría en desventaja en los mercados), las canjea por otras con derechos políticos o las amortiza. Lo que ocurre es que precisamente la emisión de cuotas será una de las competencias que asumirá el SIP, por lo que la CAM no quiere tomar ninguna decisión en solitario. De hecho, la dirección de la caja se plantea incluso solicitar una prórroga al Banco de España para que el SIP pueda echar a andar y decidir más tarde qué hace con las cuotas.
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