Así lo consideran los analistas de Deutsche Bank, que un reciente informe señalan que el banco tendría capacidad para elevar la propuesta hasta un 11%, aunque reconocen que es "bastante limitada" por contar con un exceso de capital inferior a 3.000 millones.
Creen que una mejora de la propuesta del 7% [1.000 millones más] "podría ser lo suficientemente atractiva como para superar el objetivo de aceptación mínima (la mitad del accionariado de Sabadell)".
La entidad cerró el pasado año con una ratio de capital de máxima calidad CET1 -que mide la solvencia- del 12,88%, la tercera más elevada entre los bancos cotizados del Ibex 35, y 88 puntos básicos por encima de la banda alta de su objetivo.
No obstante, BBVA reconoció recientemente en el documento de opa remitido a la Comisión de Valores de EEUU (SEC) que obtener un 100% de aceptación a la opa supondría un impacto de 51 puntos básicos, casi el doble de lo previsto inicialmente, como informó EXPANSIÓN el pasado 28 de febrero. Así, el mayor impacto sobre la solvencia reduciría la capacidad de la entidad para plantear una mejora de la oferta vía efectivo.
Los analistas de Deutsche Bank mantienen su lectura sobre el atractivo de la operación para BBVA en términos estratégicos.
Aseveran que, ahora, tendría incluso más sentido que cuando la planteó hace ya nueve meses por todas las incertidumbres que giran en torno a México, el principal mercado de BBVA.
Foco en México
La adquisición de Sabadell elevaría la aportación del mercado español a los resultados y "reequilibraría las cuentas de BBVA, que actualmente dependen de mercados emergentes", señalan los expertos.
Según las cuentas de Deutsche, la contribución del mercado nacional con Sabadell podría aumentar casi a doble dígito y supondría el 40% del beneficio del grupo en 2027, equiparándose con la aportación de México.
CNMC y Gobierno
Los expertos sostienen que los compromisos pactados por BBVA y la Autoridad de Competencia tendrán un "alcance limitado" y esperan que la resolución llegue en unas semanas.
Deutsche Bank recuerda que el Gobierno podría intervenir, ya en fase tres, e imponer otras condiciones ajenas a competencia. Pero agrega que, en caso de exigir "soluciones estructurales, como ventas de carteras o desinversiones", podría "poner en peligro la operación". Sin embargo, estos mismos expertos apuntan que ese tipo de medidas "parecen improbables y legalmente cuestionables".
