El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente del BBVA, Carlos Torres (d). (EFE/Quique García)

Carlos Torres, presidente de BBVA, ha subido el tono justo en la fase final del análisis del Gobierno a la opa hostil lanzada por Banco Sabadell. Y también ante la potencial venta de TSB. Pero el órdago, que ha molestado en Economía, no impedirá que Moncloa pueda torpedear la opa con condiciones adicionales, aunque sean recurridas a la Justicia. Fuentes del mercado apuntan a que en el ministerio se considera que la Ley da margen a Moncloa, y tras el proceso de consulta pública y análisis, prevén requisitos adicionales para que continúe la opa. Desde Economía no hay comentarios.

En una entrevista en Onda Cero, Torres dejó varios mensajes importantes este miércoles. Por una parte, que la lectura que hace BBVA es que el Gobierno solo tiene margen para suavizar o confirmar los compromisos (remedies) que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no para imponer otros adicionales.

También aseguró que si esto sucediera, y el Gobierno dificulta la opa con condiciones extra, la vía de la Justicia es una opción. En efecto, BBVA podría acudir al Supremo. Por otro lado, Torres cuestionó el proceso de venta de TSB, por considerar que no es el mejor momento. Un día antes, Josep Oliu, presidente del Sabadell, defendió que si es buena opción vender TSB lo será con o sin opa.

La venta de TSB podría alterar las condiciones financieras de la opa, en la medida en que Sabadell pierda valor y BBVA deba ajustar el canje y, sobre todo, porque reforzará el capital del banco catalán, disparando su capacidad para afrontar una futura fusión liderándola y para repartir más dividendos.

Pero, aunque Sabadell quiere una venta exprés, el próximo hito del proceso será el pronunciamiento del Gobierno, que tiene hasta el 27 de junio para hacerlo, aunque se espera que lo haga en el Consejo de Ministros del 24 de junio. El mismo 24 de junio, aumentará el ruido político con las declaraciones de Koldo García y José Luis Ábalos.

El Gobierno está estudiando la operación en un expediente dirigido por Economía, y con la participación de todos los ministerios. Los ministerios Industria y Turismo, Trabajo y Economía Social, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Derechos Sociales y Agenda 2030, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pidieron a Cuerpo elevar la opa al Consejo de Ministros, tras la autorización de la CNMC.

La CNMC aprobó la operación el 30 de abril con siete compromisos, después de dos largas fases de análisis, con un total de 11 meses. La Ley establece la posibilidad de una tercera fase, en la que el Gobierno puede intervenir. La normativa dice: “El Consejo de Ministros, a efectos de lo previsto en el artículo 60 de esta Ley, podrá valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia”. El referido artículo 60 señala que se puede elevar la decisión sobre la concentración al Consejo de Ministros cuando se haya aprobado por la CNMC en la segunda fase, como ha ocurrido, con condiciones.

Así, el artículo 10 de la Ley de Competencia señala que, “en particular, se entenderá como tales [criterios de interés general] los siguientes: defensa y seguridad nacional, protección de la seguridad o salud públicas, libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, protección del medio ambiente, promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial”.

Por su parte, el artículo 60 señala que el Consejo de Ministros podrá “confirmar la resolución” de la CNMC, o “acordar autorizar la concentración, con o sin condiciones. Dicho acuerdo deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10. Antes de adoptar el acuerdo correspondiente, se podrá solicitar informe a la CNMC”.

El proceso ha despertado un intenso debate jurídico sobre el margen del Gobierno. Para algunos, el texto está pensado para proponer cambios en las condiciones ante casos muy excepcionales. Se usó para suavizar los remedies en la fusión entre Antena 3 y La Sexta, y podría servir para casos muy relevantes para el interés general. Poco más.

Otros expertos, no obstante, sostienen que la capacidad de maniobrar de Moncloa es, casi, ilimitada. De hecho, con la redacción del artículo 10 consideran que hace referencia a ejemplos, con lo que ni siquiera tendría que escudarse en las opciones citadas. Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo siempre han aludido al elevado nivel de concentración bancaria y a la cohesión territorial. La vicepresidenta Yolanda Díaz señala al empleo y a la potencial pérdida de puestos de trabajo. En los partidos nacionalistas catalanes no gusta que pueda desaparecer un banco catalán que tiene sede operativa y social en Cataluña, y que es una puerta a la que llamar más directa que acudir a Las Tablas, sede operativa de BBVA.

Sea como fuere, el órdago de Carlos Torres no ha gustado en Moncloa, haciendo además referencia a datos “no públicos” sobre la consulta, que Cuerpo se ha comprometido a publicar en un informe después de dar a conocer la decisión del Consejo de Ministros. Torres ha dejado la puerta abierta a que lluevan críticas al Gobierno si opta por imponer condiciones adicionales por intervencionismo, en un momento de máxima debilidad para Pedro Sánchez por la trama de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán.

Desde el Gobierno se interpreta la Ley como que hay margen de actuación, y tiene previsto emplearlo con condiciones adicionales. En caso de que opte por esta vía, BBVA podrá judicializar el caso, y aunque acabe teniendo razón, no habrá podido evitar el impacto en los accionistas cuando tengan que decidir. También podría haber un expediente y futura sanción de Bruselas, que ya pidió al Gobierno que no intervenga después de que se hayan pronunciado el BCE y la CNMC.

Es decir, si el Ejecutivo opta por endurecer las condiciones, afectando a la rentabilidad de la operación, BBVA puede seguir adelante para acudir al Supremo y esperar que le dé la razón, pero los expertos consultados calculan una espera de dos años. También podría haber un cambio de gobierno y esperar a que alivie o borre los nuevos requisitos, aunque por ahora, hasta el PP ha mostrado reticencias a la opa.

Por lo tanto, Moncloa puede endurecer ahora los compromisos impuestos a BBVA para seguir adelante de la opa, incluso aunque la tesis jurídica defendida por Torres acabe siendo la buena para los jueces. El presidente de BBVA podría avivar la idea de que son recurribles para que los accionistas no se echen atrás, pero es difícil que no incluyan los nuevos requisitos, si los hay, a sus cálculos de la rentabilidad de la operación.

Además, en última instancia, para que haya fusión se necesita la aprobación de Economía. Es decir, BBVA podría comprar Sabadell y, si no tiene el visto bueno del Gobierno, que sigan funcionando por separado. Torres siempre ha dicho que incluso en este escenario, que ve improbable, se capturarían el grueso de las sinergias. Pero los analistas son escépticos con ello.

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