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La filial mexicana de la CAM ´sufre´ impagos en el 22% de sus préstamos

El Economista.es Recopilado por Sindicato Alta - 02/08/2011

 

Uno de los problemas de la CAM se encuentra en México -  La entidad alicantina, que ha sido intervenida recientemente por el Banco de España, también está sufriendo las consecuencias de la crisis al otro lado del Atlántico

Su filial mexicana, Crédito Inmobiliario, acumula en su balance créditos morosos por importe de 135,4 millones de euros, lo que supone un 22% de su cartera de préstamos a cierre de 2010. Esta sociedad, que no está regulada por las autoridades, contaba doce meses antes con una tasa de insolvencias del 15%.

Crédito Inmobiliario fue adquirida por la CAM a principios de 2009, en plena convulsión de los mercados financieros como consecuencia de la caída de Lehman Brothers un semestre antes.

Desde entonces, la coyuntura se ha complicado y esta franquicia ha multiplicado por casi tres los activos inmobiliarios en su poder debido al aumento de la morosidad. Según los datos publicados, el volumen de pisos y suelo que ha tenido que comerse asciende a 177 millones de euros al cambio actual. La cifra representa el 5,8% del total de activos tóxicos desvelados por la caja alicantina a cierre de 2010, que alcanzaban los 3.026 millones de euros.

Proyectos en el aire

La filial mexicana, a pesar de las dificultades, mantiene la cuenta de resultados en números negros y ha conseguido recientemente líneas de financiación para desarrollar sus proyectos. Los planes, no obstante, podrían verse alterados por la intervención y la previsible subasta de la caja, que se realizará después del verano.

Crédito Inmobiliario registró el ejercicio pasado unas ganancias de 21.000 pesos (1,2 millones de euros) frente a las pérdidas de 2,7 millones de pesos (163,5 millones de euros) del año 2009.

Esta ligera mejoría permitió a esta sociedad lograr líneas de crédito con distintas entidades a finales de 2010, por un importe total de 180 millones de euros. La compañía, que se dedica a la financiación de hipotecas y de proyectos inmobiliarios a particulares y empresas, consiguió el apoyo de firmas tan destacadas como Banco de Bajío, Banco Nacional de México y HSBC para desarrollar y promocionar 6.200 viviendas por un coste total de 260 millones. Además, la entidad tenía previsto aumentar su presencia con la apertura de oficinas para cubrir el 75% del mercado mexicano.

Estos proyectos ahora están en el aire y la auditoría que está realizando KPMG sobre la CAM podría desvelar mayores agujeros de los publicados en el país centroamericano. El Banco de España ha encargado este informe a la consultora, que tendrá que terminarlo a lo largo de agosto. A KPMG ya le preocupaba la situación de la filial mexicana hace dos años. Desde entonces, ha aconsejado a la entidad alicantina a llevar a cabo fuertes provisiones para cubrir eventuales pérdidas por deterioro de activos en esta franquicia.

Una vez culminada la auditoría, se ejecutará una valoración de los activos de la caja alicantina por parte de tres entidades independientes, para la posterior subasta. No obstante, esta tasación servirá únicamente de referencia, ya que lo más probable es que la puja de los activos se materialice a la baja, es decir, que ganará el concurso el que reclame menos ayudas públicas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), tal y como sucedió con CajaSur.

Primer tanteo para la subasta

El Banco de España, a través de Merrill Lynch, ha iniciado ya los contactos con distintos grupos españoles y extranjeros para tantear el interés por la CAM. Se estima que el Frob tenga que otorgar al comprador un Esquema de Protección de Activos (EPA) de en torno a 3.000 millones para cubrir pérdidas futuras. Aunque en la actualidad el supervisor descarta un troceo de los activos, el método de la subasta podría variar debido a la magnitud de la entidad, cuarta caja de ahorros antes de la crisis, con unos activos de 73.000 millones.

El Frob inyectó 2.800 millones a la CAM para recapitalizarla y colocar su nivel de recursos propios por encima del 10% que exigirá la ley a finales de septiembre, después de decidir su intervención y destituir a todo el consejo de administración. Además, el fondo público puso a disposición de la alicantina una línea de crédito de 3.000 millones para atender sus necesidades de liquidez ante una previsible fuga de depósitos por parte de los clientes.

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