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RC ALICANTE  Unos 700 empleados de CAM han solicitado conocer el cálculo de la indemnización que le correspondería para decidir después si se acogen al plan de bajas incentivadas previsto en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y que sólo contempla 120 plazas, según confirmaron ayer fuentes de UGT.
La entidad -intervenida desde el pasado 22 de julio- se ha encontrado con una avalancha de peticiones para la simulación de las compensaciones económicas por parte de trabajadores que, en su mayoría, ya se han visto afectados por el cierre de oficinas en las zonas de expansión o de los que se verán en los próximos meses. No obstante, también los hay que la han solicitado "desde las zonas históricas de la caja (Alicante, Murcia y Valencia) y otros para probar y conocer cómo se hacen los cálculos", según confirmaban las mismas fuentesde sindicales.
Esta importante demanda viene a evidenciar la inquietud que existe entre la plantilla de CAM ante el plan de clausuras de sucursales (107 hasta final de año) y el futuro que le espera a la entidad que no es otro que un proceso de subasta, tras el cual la decisión sobre la masa laboral estará en manos del comprador. De ahí que los sindicatos hayan reivindicado al Banco de España y a los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -que gestionan CAM desde la nacionalización- que en el cuaderno de venta se incluya el mantenimiento del empleo, así como de la Obra Social. Ambas reivindicaciones se repetirán el próximo lunes, día 5, en la concentración que la plataforma de la unidad sindical ha convocado ante la delegación en Alicante del Banco de España a las 19.30 horas.
La mayoría de las peticiones para las bajas incentivadas proviene de las zonas de expansión de la entidad, sobre todo de Andalucía que es por donde ha comenzado el cierre de oficinas. De hecho, esta autonomía concentró este mes el grueso del adelgazamiento de la red, con 20 clausuras e, igualmente, donde se plantearon los primeros 30 traslados de trabajadores, una situación que está creando mucha inquietud entre los afectados "por los desplazamientos y cambios de residencia a larga distancia a que se ven abocados", apuntaban fuentes de CGT.
El plan vigente se enmarca en el ERE autorizado por la Autoridad Laboral antes de la intervención y que también contempla un programa de prejubilaciones para mayores de 55 años, que afectará a 853 empleados. De ellos, casi la mitad ya ha salido en dos tandas y en estas fases se han prejubilados altos directivos, entre ellos el exdirector general Roberto López, con una indemnización de 3,8 millones. La tercera tanda se concretará hoy y afecta a 55 trabajadores.

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