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Los consejeros se describen a sí mismos como ignorantes.
FRANCISCO D. GONZÁLEZ MERCADOS
01/07/2012
Se ha convertido ya en un clásico, al menos en la Comunidad Valenciana: «Yo ni estaba preparado ni tenía tiempo para revisar las cuentas de la CAM». La declaración de principios de uno de los miembros del consejo de administración de Caja Mediterráneo (José Enrique Garrigós) durante la comisión de investigación abierta en las Cortes Valencianas sobre la quiebra de la caja alicantina sirve perfectamente para ilustrar lo que, grosso modo, era esta entidad. La CAM era la suma de una mala gestión, la megalomanía de una caja de provincias con ínfulas de banco agrandado, un nido de politización, de nepotismo, de buen comer y mejor beber. Todo eso elevado a la enésima potencia de la inversión en ladrillo, tanto en España como en México. Las incógnitas de esta ecuación son lógicas y conocidas: la CAM acabó intervenida por el Banco de España en julio de 2011 ante el riesgo de colapso. Previo colchón de ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos (más de 20.000 millones de euros), fue vendida luego al Banco Sabadell por un euro y cerró el ejercicio pasado con unas pérdidas de 2.700 millones. Más que Caja Castilla-La Mancha, menos que Bankia.
Caja Mediterráneo también tiene su particular apartado de directivos superindemnizados. Entre seis altos ejecutivos percibieron 15,5 millones de euros en concepto de prejubilaciones, a lo que hay que sumar el cobro de una pensión vitalicia de más 300.000 euros anuales en virtud de un megaplan de pensiones que se aprobó para los integrantes del comité de dirección. Este selecto club estaba capitaneado por el director general, Roberto López Abad, que luego fue sustituido por la ínclita María Dolores Amorós. El primero se prejubiló con 5,5 millones de euros tres semanas antes de la intervención del Banco de España. La segunda fue despedida en septiembre por los administradores de CAM designados por el Frob. Le acusaron de falsear las cuentas y de actuar en beneficio propio al ponerse un sueldo anual de 590.000 euros y una pensión de 360.000 euros para toda la vida. Llevó su despido a los tribunales y se descolgó pidiendo 10 millones de indemnización. La jueza del caso rechazó todas sus pretensiones.
López Abad y Amorós fueron los jefes de una caja que se encaminó inexorablemente a la ruina por su empecinada querencia hacia el sector inmobiliario. Cuando el supervisor sacó las tripas de las cuentas de la CAM en esta actividad (la entidad nunca ofreció detalle de su exposición a este sector) afloró un riesgo con promotores de 12.600 millones, de los que más de la mitad estaban en situación de impago. La CAM acabó 2011 con una morosidad del 24%.
Tampoco se salvó de la inevitable politización que se extendió por el mundo de las cajas de ahorros. Esta intromisión era palpable a la hora de confeccionar los órganos de gobierno, un proceso tutelado por la Generalitat Valenciana, en manos del PP de Eduardo Zaplana, primero, y de Francisco Camps, después. El Gobierno valenciano era el primer cliente de la entidad, uno de esos clientes denominados de alto riesgo: debía 700 millones a la CAM, y había involucrado a la caja (y ésta se dejó llevar) en proyectos tan faraónicos como costosos, verbigracia, Terra Mítica. Una anécdota en el balance de la CAM, pero todo un botón de muestra de cómo se hacían las cosas.
Con todo, la política no apareció en los peores momentos de la CAM, y sus gestores deambularon por todos los despachos de las cajas de ahorros de España en busca de una fusión que tapara sus boquetes. Los socialistas, ni en Madrid ni en Valencia, tampoco ayudaron. La unión con CajAstur fracasó en marzo de 2011. A partir de ahí, la caja entró en barrena y terminó intervenida.
El Banco de España fue demoledor en su análisis de la gestión de CAM, plasmado en un extenso informe de la Dirección General de Supervisión Bancaria: en la caja alicantina apenas existía un control del riesgo crediticio, especialmente con los promotores. De hecho, el supervisor refleja en su dictamen que algunas empresas hoteleras y del ladrillo, como Polaris World, poco menos que tenían barra libre para conseguir dinero de la CAM y sin apenas justificación; con otras, como el Grupo Valfensal, cerraba operaciones inmobiliarias de compraventa de suelo y hoteles en el Caribe previo pago de comisiones a intermediarios en paraísos fiscales y entidades financieras en Suiza. Con otras compañías, como la del dueño del Hércules CF, Enrique Ortiz, se buscaban los pelotazos de toda la vida, es decir, comprar suelo barato y venderlo caro.
¿Y el consejo de administración de CAM sabía algo de todo esto? La rueda de comparecencias de los consejeros en la comisión de investigación en las cortes valencianas tiene un común denominador: «Yo no sabía nada, los que mandaban eran los directivos, ellos decidían». El testimonio de Isabel Cambronero, ex miembro de la comisión de control de Caja Mediterráneo es revelador: «Me dijeron que no era necesario saber de finanzas. Nunca se nos dijo que hubiera problemas ni que estuviéramos en crisis». Cambronero es profesora de danza en Murcia.
Lo cierto es que la mayoría de los consejeros de CAM estaban bien surtidos por la caja, de ahí su actitud gregaria ante los directivos. Además de agasajarlos con consejos celebrados en el extranjero y con estancias en hoteles de cinco estrellas, también había créditos, al menos blandos. Entre ejecutivos y consejeros, además de sus empresas y familiares, acumularon 120 millones de euros concediso en 2011 por la CAM. El presidente, Modesto Crespo, tampoco daba ejemplo de austeridad. Se le asignó un sueldo anual de 300.000 euros, cuando históricamente los presidentes de la caja no percibían salario.
¿Todo esto se va a quedar sin castigo? De momento, todos los consejeros y dos directivos han sido expedientados por el Banco de España, y la Audiencia Nacional ha llamado a declarar como imputados a varios de ellos por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas. Los primeros en declarar ante el juez Javier Gómez Bermúdez el 10 de julio serán el ex director general de recursos Vicente Soriano Terol y el ex director de planificación y control Teófilo Sogorb. El 11 y 12 lo harán el ex presidente del consejo de administración Modesto Crespo, y el ex director general Roberto López Abad.. La última en comparecer será María Dolores Amorós.
GARRIGÓS: «NI ESTABA PREPARADO NI TENÍA TIEMPO PARA REVISAR CUENTAS»
APOYO
> 75.000 CLIENTES ATRAPADOS
Los inversores afectados por productos tóxicos de la CAM siguen esperando una solución. Unos 50.000 clientes están atrapados en las cuotas participativas -títulos similares a las acciones pero sin derechos políticos- cuyo valor es cero, y a otros 75.000 inversores, poseedores de deuda subordinada y preferentes, el Banco Sabadell les ha ofrecido un canje por acciones, que de momento les supondría una pérdida del 50% de lo invertido.
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