Sede operativa de CaixaBank en Madrid. JAVI MARTÍNEZ

Los trabajadores del sector financiero se enfrentan a una nueva semana de alta tensión con dos anuncios de extenso recorte de personal sobre la mesa. Al plan de ajuste del nuevo CaixaBank, que ha arrancado hoy con la primera reunión entre banco y empleados celebrada en Barcelona, se sumará el inicio de las negociaciones en BBVA el próximo viernes, según ha trasladado la entidad presidida por Carlos Torres este mismo martes.

Ambos grupos guardan por el momento con celo el volumen de empleados que se verán afectados por el recorte, pero el mercado y los sindicatos hacen sus cuentas y estima reducciones próximas a los 8.000-8.500 en el caso del grupo catalán y de 3.000 en el madrileño. En total, 11.000 puestos menos en un sector que acumula un ajuste próximo al 40% en la última década. Todo, mientras el Gobierno llama a las empresas a salvaguardar el empleo y lanza mensajes favorables hacia el retraso de la jubilación.

BBVA explica en una carta remitida a los sindicatos que buscará fórmulas para minimizar el impacto sobre la plantilla y justifica el ajuste en un contexto de "profunda transformación" para el sector financiero por los bajos tipos de interés, la mayor digitalización y el incremento de la presión competitiva por la entrada de nuevos competidores en el mercado. En este sentido, añade, es "imprescindible" reducir su estructura de costes para mantener su competitividad.

El grupo ya anunció durante la presentación de resultados de 2020 que iba a llevar a cabo un proceso de ajuste en el primer semestre. Su puesta en marcha ha coincidido en el tiempo con el de CaixaBank, que lo acabará eclipsando al afectar con toda probabilidad a más del doble de empleados.

El nuevo ''superbanco'' consensuó ayer con los representantes de los trabajadores la creación de una mesa de negociación que, dado el tamaño del grupo, estará compuesta por 25 miembros por la parte sindical. 13 de ellos serán integrantes de la mesa, y otros 12 ejercerán en calidad de asesores. El grupo cuenta con el asesoramiento del despacho Sagardoy.

La reunión de ayer también sirvió a los sindicatos para hacerse una idea de las intenciones del grupo, que ha apelado a los artículos 41 y 51 del Estatuto de los Trabajadores. El último abre la puerta a un despido colectivo que afecte a más del 10% de la plantilla, mientras que el primero apunta a la modificación de las condiciones laborales de los empleados. Los sindicatos pidieron ayer evitar que la negociación afecte a este punto, pero la empresa se negó en rotundo.

Sin embargo, fuentes al corriente de la negociación se sorprendieron de que el grupo no haya aludido por el momento a la posibilidad de hacer cambios en lo relativo a la movilidad. Esto, acorde con su visión, les lleva a creer que se ejecutará un ERE provincial muy acotado a eliminar la sobrecapacidad de los distintos territorios.

En cuanto al calendario, CaixaBank tiene intención de que ambas partes logren firmar un acuerdo antes del 30 de junio. Las partes volverán a reunirse el próximo día 20 de abril, esta vez en Madrid, para continuar la negociación, que se prevé intensa por la cantidad de normas distintas que estarán bajo análisis tras la absorción de Bankia.

A los dos bancos citados se sumará en los próximos meses el nuevo Unicaja, una vez que la entidad reciba las autorizaciones necesarias para culminar la absorción de Liberbank. En este caso el ajuste podría afectar a otros 3.000 empleados.

Volver a la sección