Imagen de una oficina del Banco Sabadell en Madrid. Luis Sevillano

La gran banca ha clausurado una de cada dos oficinas bancarias en España en la última década. De los más de 18.000 establecimientos con los que contaban los principales bancos del sector —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter, además del Banco Popular y Bankia—, a cierre del año pasado tenían apenas 9.000, un 51% menos, según sus cuentas anuales. Todo ello pendiente de la resolución de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, que, de salir adelante, derivará en un nuevo recorte de la red comercial e incrementará aún más esta cifra.

En 2014 España comenzaba a salir de la Gran Recesión. Esta se había cobrado ya numerosas víctimas. Las cajas habían desaparecido, fusionadas entre sí y convertidas en bancos o integradas en las grandes entidades. Pero, desde entonces, el proceso de consolidación bancaria no ha hecho sino acelerarse. El Popular, tras su resolución, fue absorbido por el Santander y Bankia ha acabado integrado en CaixaBank. Ambas operaciones tuvieron un mismo sentido para los compradores, la posibilidad de adquirir un competidor y aflorar sinergias mediante el cierre de oficinas y despidos masivos. A esto se suman otras tendencias de fondo como la necesidad de los bancos de arañar rentabilidad en la era de los tipos cero o de adaptarse a nuevos modelos de consumo, con una preeminencia por los canales digitales en detrimento de la atención en oficina, y la competencia con las soluciones tecnológicas de las fintech.

En el caso del Popular, su elevada exposición al ladrillo y los problemas que arrastraba de la crisis financiera provocaron su quiebra. El Santander, que lo adquirió por un euro, se vio obligado a ampliar capital por 7.000 millones para digerir la entidad. En cuanto al matrimonio entre Bankia y CaixaBank fue concertado en pleno Covid-19 y dio lugar al mayor banco de España. En el primer caso, el Santander tardó apenas cuatro años en cerrar 1.400 oficinas, el mismo número que sumó al hacerse con el Popular. Cuatro años después de la unión con Bankia, CaixaBank tiene en España prácticamente las mismas oficinas que antes de la fusión.

El cierre de oficinas ha sido acompañado de procesos de despidos. El Santander presentó un ERE en 2019, tras la adquisición del Popular, que afectaba a 3.700 empleados y suponía el cierre de 1.500 sucursales. Después, en 2021 y afectado por el Covid-19, presentó un nuevo expediente por el que salieron de la entidad unos 3.500 trabajadores. De una cifra similar prescindió el BBVA en ese mismo año en su propio ERE, mientras que el Sabadell despidió a 1.800. La cifra de CaixaBank, en la que se unió la reducción laboral del Covid-19 y la posterior a la fusión, fue más abultada, de 6.500. Todos estos ERE, eso sí, con buenas condiciones y en los que el número de voluntarios superó ampliamente las bajas previstas.

De entre los grandes bancos españoles, el Sabadell es el que proporcionalmente ha reducido más su red física, algo menos de la mitad. Si se le suman a las oficinas del Santander en 2014 las 2.000 del Popular, su recorte supera el 65%, mientras que si se suman las de Bankia a CaixaBank la reducción ha sido del 46%. BBVA, por su parte, ha cerrado el 40%, mientras que en Bankinter la cifra se ha mantenido estable.

Este es el contexto en el que eclosiona la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. En los últimos 10 años las grandes entidades han cerrado más oficinas (9.500) de las que tienen actualmente en total en España, 9.037. La posibilidad de que a la adquisición del Sabadell siga otra oleada de cierres de sucursales y despidos es uno de los argumentos que pesan para el Gobierno a la hora de posicionarse en contra de la transacción. También el temor de contar con un mercado bancario excesivamente concentrado, así como dañar especialmente la oferta en Cataluña y la Comunidad Valenciana y afectar a la cohesión territorial del país.

El BBVA trata de defenderse de estos temores argumentando que el foco de la transacción está en crecer y generar sinergias de ingresos en lugar de en recortes por el lado de los gastos. El banco prevé clausurar tras la opa unas 300 oficinas, el 35% de las 870 que el banco calcula que están localizadas a menos de 500 metros y un 4% del total. Con esto, busca aflorar 300 millones de euros en sinergias de personal, de los 850 millones que calcula en total. Más de la mitad de esa cifra total (450 millones) procederían de ahorros administrativos y de tecnología y de ahorros financieros, 100 millones más. Con estas cifras en la mano, en el mercado calculan que el BBVA despediría a unos 4.000 trabajadores.

Para el BBVA es clave aplacar todos los recelos del Gobierno. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ultima ya su decisión sobre la transacción. El mercado descuenta que dé el visto bueno, pero con compromisos y condiciones (remedies, en la jerga). Al haber ampliado el análisis a una segunda fase, esto supone que el Ejecutivo pueda ampliar o reducir estos compromisos por materias diferentes a competencia, apelando al interés general. Además, si la opa triunfa, el BBVA contempla fusionar las dos entidades, lo que también requerirá la autorización del Gobierno.

No reducir una ya muy mermada red física de la banca puede ser a buen seguro una de esas cuestiones de interés general en la mesa del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, preocupado por evitar la exclusión financiera. En este sentido, el BBVA puede esgrimir que, dentro del paquete de compromisos ofrecidos a Competencia, ha prometido mantener las oficinas en determinados contextos: sin competencia o con un solo competidor en el municipio, sin competencia a menos de 300 metros o en municipios con una renta per cápita inferior a los 10.000 euros. También el mantenimiento del horario comercial en las oficinas del Sabadell con servicio de caja.

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