Economía trata de aplacar el expediente por la opa pero plantea a la UE mantener su poder de veto sobre las fusiones bancarias

El Gobierno trata de aplacar el dictamen de Bruselas prometiendo dar poder "exclusivo" al Banco de España en materia prudencial, pero busca reservarse sus poderes.

Apurando al máximo el plazo del que disponía, el Gobierno español emitió ayer una carta de contestación al expediente que le ha abierto Bruselas por su injerencia en la ya frustrada opa de BBVA sobre Banco Sabadell. El texto remitido por el Ministerio de Economía trata de aplacar a la Comisión Europea defendiendo que la legislación española que amparaba la actuación del Ejecutivo casa plenamente con la comunitaria, y prometiendo otorgar "en exclusiva" a los supervisores financieros la competencia en materia de supervisión prudencial de este tipo de operaciones. Sin embargo, el Gobierno elude comprometer la cesión de sus propias capacidades, en un intento por preservar sus poderes de veto sobre las fusiones bancarias que la Unión Europea deberá valorar ahora.

El procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea el pasado mes de julio parte de la consideración de que la normativa española que permitió al Gobierno dilatar y condicionar la opa contraviene la regulación europea. "La Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia, que otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales con arreglo a la normativa bancaria de la UE", advertía la carta de Bruselas. "Es muy cuestionable que el requerimiento de que los dos bancos se mantengan como entidades legales separadas por un periodo de tres años aborde objetivos de orden público o seguridad legítimos que no estén ya lo suficientemente protegidos por otros instrumentos legislativos europeos", agregaba, poniendo el foco en la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 y en la Ley de Solvencia de 2014.

Inicialmente, Bruselas dio a España dos meses para contestar a su misiva, pero terminó aceptando la petición del Gobierno de extender el plazo en otras seis semanas, hasta el día de ayer. El Gobierno español agotó el tiempo concedido y esperó hasta ayer mismo para emitir una carta de contestación en la que, según fuentes oficiales, se remachan los argumentos que viene defendiendo públicamente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de que "la normativa española es plenamente compatible con la normativa europea" en materia de fusiones bancarias.

A partir de ahí, eso sí, el Ejecutivo comprometía que "a futuro, en el contexto de la transposición de la nueva Directiva de Requerimientos de Capital (CRD VI), se adaptará la normativa doméstica para garantizar la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial, sin perjuicio del papel de otras autoridades en el marco de sus competencias, como es el caso de la CNMC".

La supervisión prudencial, sin embargo, ya es el ámbito de actuación de los supervisores financieros. De hecho, el Banco Central Europeo ya emitió su dictamen en el caso de la opa de BBVA sobre Sabadell, si bien con la directiva se regulará su facultad exclusiva y preceptiva para realizar este tipo de análisis. El Gobierno se cuida mucho de ir más allá de esta cesión, que impone la directiva, y trata de preservar para sí sus propios controles de competencia y capacidad de veto, que ahora Bruselas deberá evaluar si le permite conservar.

Bruselas decide ahora el futuro del expediente

El procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea contra España por su intervención en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell ha seguido su curso pese a que la operación haya descarrilado. Una vez recibidas las alegaciones emitidas ayer por el Ministerio de Economía español, si la Comisión Europea no queda plenamente satisfecha seguiría adelante con el expediente emitiendo un dictamen motivado, una solicitud formal de modificación de la legislación española que permita alinearla con la normativa comunitaria. Una vez recibido, el Gobierno español tendría dos meses para informar de las medidas concretas que tomaría para cumplir sus exigencias. En caso contrario, Bruselas podría llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien nueve de cada 10 procedimientos se resuelven antes de llegar ante sus magistrados.